El gremio docente de la Universidad de Buenos Aires anunció una medida de fuerza indefinida para exigir una recomposición del 51% y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. También anticiparon movilizaciones y acciones en todo el país.

El conflicto salarial en las universidades públicas sumará un nuevo capítulo en las próximas semanas. Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron convocar a un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo, en reclamo de una recomposición salarial del 51% y del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025.

La medida fue definida durante una asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), que comunicó la decisión a través de sus redes sociales. Desde el sindicato señalaron que la huelga se mantendrá hasta que el Gobierno nacional garantice el pago de la actualización salarial que consideran adeudada y respete la legislación vigente que regula el financiamiento del sistema universitario.

“Los docentes no regresarán a las aulas hasta que se reconozca el 51% de recomposición salarial pendiente y se cumpla con la normativa aprobada por el Congreso”, señalaron desde el gremio al anunciar el inicio del plan de lucha.

La protesta no se limitará a la suspensión de clases. La organización sindical anticipó que la medida estará acompañada por movilizaciones, permanencias en facultades, acciones de visibilización y cortes de calles, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras universidades del país.

El reclamo se vincula con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, que establece mecanismos para garantizar recursos al sistema universitario y dispone la actualización salarial de docentes y no docentes según la evolución del índice de inflación.

Sin embargo, la implementación de la norma quedó en disputa luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera su aplicación mediante un decreto, argumentando que el texto legal no definía con claridad las fuentes presupuestarias necesarias para su financiamiento.

Ante ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició a fines de 2025 una acción judicial colectiva para solicitar la inconstitucionalidad del decreto y exigir el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso. El planteo judicial apunta, entre otros puntos, a que se respeten los artículos que prevén la actualización salarial y el incremento de las becas estudiantiles en función de la inflación.

Desde el gremio docente cuestionaron además la última propuesta oficial. Según explicaron, la oferta implicaría un aumento cercano al 12% distribuido en cuotas, muy por debajo del ajuste salarial que los docentes consideran necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido.

El conflicto se produce en un contexto de deterioro de los ingresos del sector. Estudios elaborados por especialistas del ámbito universitario señalan que los salarios de docentes e investigadores registraron una caída real superior al 30% en el último período, producto de la inflación acumulada.

En este marco, el paro convocado para mediados de marzo podría afectar el normal inicio de clases en una de las instituciones académicas más grandes de América Latina, que cuenta con más de 300 mil estudiantes y miles de docentes distribuidos en sus distintas facultades y colegios preuniversitarios.