La propuesta legislativa busca declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en cuatro provincias del sur, en medio de fuertes críticas al desfinanciamiento estatal y al retroceso en políticas de protección ambiental.

La gravedad de los incendios forestales que afectan a distintas localidades patagónicas reavivó el debate político en el Congreso. En ese contexto, legisladores de Unión por la Patria presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, provincias golpeadas por el avance del fuego en plena temporada estival.

La iniciativa surge mientras continúan los focos activos en zonas como El Hoyo y Epuyén, y apunta a atender no solo el impacto ambiental sino también las consecuencias sociales y económicas que atraviesan cientos de familias. Desde la oposición advierten que la situación actual es el resultado de una combinación de factores: la crisis climática global, la reducción sostenida del presupuesto destinado a la prevención y combate de incendios, y un discurso oficial que relativiza el calentamiento global.

El proyecto establece la declaración de la emergencia por un plazo de 180 días y exige al Poder Ejecutivo la asignación de partidas específicas para asistencia sanitaria, alimentaria y habitacional. También contempla medidas de alivio económico, como la duplicación de asignaciones sociales, beneficios fiscales y líneas de crédito a tasa subsidiada para actividades productivas y turísticas severamente afectadas por los incendios.

La diputada rionegrina Adriana Serquis subrayó la necesidad de una intervención urgente del Estado nacional. Señaló que, además del daño ambiental, los incendios están destruyendo fuentes de ingreso clave en comunidades que dependen del turismo y de la producción regional.

Otro punto central de la iniciativa es la situación de los brigadistas. El texto propone recomponer los salarios del personal encargado del combate del fuego y otorgar un adicional extraordinario por emergencia, en reconocimiento a la sobrecarga laboral y a la disponibilidad permanente que exige el escenario actual. Según datos citados en el proyecto, el salario inicial de un brigadista rondaba los 860 mil pesos hacia fines del año pasado, cifra considerada insuficiente frente al riesgo y la responsabilidad del trabajo.

El debate legislativo enfrenta, sin embargo, obstáculos de agenda. El Congreso retomará su actividad ordinaria en febrero, con un temario limitado, por lo que el tratamiento de la emergencia podría postergarse hasta marzo. Mientras tanto, otros espacios políticos, como el Frente de Izquierda, analizan presentar iniciativas propias, y se mantienen conversaciones para articular consensos.

Además, el proyecto reclama una distribución equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias afectadas. Desde la oposición cuestionan que, durante el último año, esos fondos se hayan asignado a distritos que no atravesaban emergencias climáticas comparables a las que hoy enfrenta la Patagonia.