La central obrera refuerza contactos con gobernadores y senadores y advierte que el proyecto pone en riesgo derechos históricos y el sistema de salud sindical
La Confederación General del Trabajo volvió a ponerse en movimiento para enfrentar la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei. En un escenario de creciente tensión política, la central sindical decidió profundizar su estrategia de diálogo con gobernadores y legisladores de distintos espacios con el objetivo de bloquear una iniciativa que, según denuncian, implica un fuerte retroceso en derechos laborales consolidados durante más de setenta años.
Uno de los ejes centrales de la ofensiva gremial apunta a las modificaciones en los aportes patronales incluidas en el proyecto oficial. Desde la CGT advierten que esta reducción impactaría de manera directa en el financiamiento de las obras sociales sindicales, afectando la calidad y el alcance de la atención médica de millones de trabajadores y trabajadoras. “La disminución de recursos no mejora el sistema: genera menos prestaciones y un deterioro de un derecho esencial”, señalaron desde la central en un comunicado difundido en redes sociales.
En ese marco, la organización remarcó que la discusión excede cualquier interés sectorial y se inscribe en la defensa de la salud, la dignidad y los derechos sociales. La preocupación también se extiende al plano federal, ya que varios mandatarios provinciales comenzaron a manifestar reparos ante lo que consideran una reforma tributaria encubierta, con beneficios concentrados en grandes empresas y un impacto negativo sobre las cuentas provinciales, ya golpeadas por la caída de recursos.
La CGT retomará la próxima semana una intensa agenda de reuniones políticas, de cara al eventual tratamiento del proyecto en el Senado, previsto para comienzos de febrero. En las últimas semanas, referentes sindicales mantuvieron encuentros con gobernadores como Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), buscando articular una posición común frente a una iniciativa que consideran perjudicial tanto para el empleo como para las economías regionales.
Si bien el objetivo principal es frenar por completo la reforma, la central no descarta un escenario de negociación que permita eliminar los artículos más sensibles. En paralelo, puso sobre la mesa una propuesta alternativa: un régimen laboral especial para trabajadores menores de 30 años, con condiciones de contratación más flexibles orientadas a incentivar la generación de empleo sin desmantelar el marco general de derechos.
