Referentes del peronismo denunciaron una violación al derecho internacional y advirtieron que la intervención militar estadounidense pone en riesgo la estabilidad de América Latina. Gobernadores, legisladores y organizaciones políticas cuestionaron también el alineamiento del gobierno argentino.
El ataque militar de Estados Unidos sobre territorio venezolano generó una fuerte reacción de rechazo en gran parte del arco opositor argentino. Mientras el Poder Ejecutivo nacional respaldó públicamente la acción impulsada por la administración de Donald Trump, sectores del peronismo expresaron su alarma por lo que consideraron una grave vulneración de la soberanía de un país latinoamericano y un precedente peligroso para toda la región.
El Partido Justicialista, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, difundió un comunicado en el que subrayó que la ofensiva contradice la Carta de las Naciones Unidas y los principios históricos de no intervención, rechazo al uso de la fuerza y resolución pacífica de los conflictos. En ese marco, el PJ remarcó que América Latina debe seguir siendo una zona de paz y alertó que el accionar estadounidense constituye una amenaza para la estabilidad regional.
En la misma línea, el Instituto Patria emitió un pronunciamiento enérgico contra los bombardeos y manifestó su preocupación por la falta de información sobre el paradero de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Desde ese espacio advirtieron que el empleo de la fuerza militar impacta directamente sobre la población civil y debilita los fundamentos del orden internacional.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof también se sumó a las críticas y calificó la intervención como una violación grave del derecho internacional. A través de un mensaje público, sostuvo que el operativo altera el equilibrio regional y sienta un antecedente riesgoso. En un documento posterior, recordó la vigencia de la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo, que rechazan el uso de la fuerza y la injerencia extranjera en conflictos internos, y denunció que el secuestro de Maduro contraviene tanto la Carta de la ONU como la de la OEA.
La organización La Cámpora, por su parte, interpretó la ofensiva como parte de una estrategia de dominación sobre los recursos estratégicos de América Latina, en particular el petróleo venezolano. Además, cuestionó con dureza la postura del presidente Javier Milei, a quien acusó de actuar en sintonía con los intereses de Washington.
En el plano institucional, los bloques legislativos de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y del Partido Justicialista en el Senado condenaron de forma categórica la intervención militar y el secuestro del mandatario venezolano. En su comunicado, señalaron que se trata de una agresión armada inadmisible que pone en riesgo a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, erosiona el multilateralismo y debilita los mecanismos pacíficos para la resolución de disputas.
Los legisladores recordaron además la experiencia histórica de la región frente a las intervenciones de potencias extranjeras, que —según afirmaron— solo produjeron violencia, desestabilización política y retrocesos democráticos. En ese sentido, reclamaron una respuesta firme de la comunidad internacional a través de Naciones Unidas y reiteraron que la política exterior argentina debería sostenerse sobre la defensa de la soberanía, la paz y la no injerencia, en contraste con el respaldo explícito del actual gobierno a la estrategia de Trump.
El expresidente Alberto Fernández también expresó su rechazo, al considerar la ofensiva una agresión militar grave contra una nación soberana y una seria amenaza para la paz regional. En sus declaraciones, llamó al gobierno libertario a abandonar su apoyo a la escalada bélica y a no involucrar a la sociedad argentina en un conflicto de alcance internacional.
