La medida fue oficializada a través del decreto 942/2025, publicado en el Boletín Oficial, tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad. También se prorrogó la emergencia sanitaria hasta fines de 2026.
El Gobierno nacional formalizó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasará a funcionar dentro de la estructura del Ministerio de Salud, luego del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión quedó plasmada en el decreto 942/2025, difundido este martes en el Boletín Oficial.
Según detalla la normativa, las competencias que hasta ahora ejercía la ANDIS quedarán centralizadas bajo la órbita del Ministerio de Salud, en el marco de un proceso de reorganización administrativa impulsado por el Ejecutivo. La medida es consecuencia directa de la intervención dispuesta previamente mediante el decreto 601/25, que ordenó una auditoría integral del organismo con el objetivo de revisar su funcionamiento y adecuarlo a criterios de transparencia, equidad, eficacia y eficiencia.
A partir de esa intervención, se elaboró un informe final que detectó múltiples falencias estructurales. Entre los principales problemas señalados, el documento describe un sistema tecnológico fragmentado, compuesto por plataformas inconexas y sin estándares comunes, lo que dificultaba la interoperabilidad entre áreas clave. Esta situación impactaba de forma directa en la gestión del Certificado Único de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el Programa Federal Incluir Salud.
El relevamiento también advirtió sobre la duplicación de tareas, inconsistencias en los registros y serias dificultades para realizar un seguimiento integral de las trayectorias de las personas beneficiarias. A ello se sumaron observaciones sobre irregularidades consideradas graves en los procesos de contratación y en la administración de gastos vinculados a insumos médicos, equipamiento y dispositivos de alta complejidad, especialmente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
En ese contexto, el Gobierno resolvió avanzar con la centralización orgánica y funcional del área de discapacidad mediante la creación de una secretaría específica dentro del Ministerio de Salud, buscando un mayor control y coordinación de las políticas públicas destinadas al sector.
El mismo decreto incluyó además la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde el Ejecutivo argumentaron que extender esta medida resulta indispensable para dotar al sistema de herramientas ágiles que permitan garantizar la continuidad de los servicios de salud. Advirtieron que, sin un esquema de transición adecuado, podrían verse afectados el acceso de la población a la atención sanitaria y el funcionamiento de la red asistencial, con posibles consecuencias irreversibles.