Docentes de la UBA reclaman que el Ejecutivo cumpla un fallo judicial que ordena recomponer salarios, actualizar becas y garantizar fondos para el funcionamiento universitario.
La posibilidad de que las universidades públicas no inicien el próximo año académico comenzó a tomar fuerza luego de que los gremios docentes advirtieran sobre un eventual paro total. La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) alertó que el inicio del ciclo lectivo 2026 está en riesgo si el Gobierno nacional no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y con una reciente resolución judicial que obliga a restituir partidas clave.
Desde el sindicato señalaron que la medida cautelar vigente obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la normativa sin dilaciones. En ese marco, exigieron el pago inmediato de una deuda salarial estimada en un 46%, además de la actualización de las becas estudiantiles y los fondos destinados a gastos de funcionamiento de las casas de estudio.
Representantes gremiales remarcaron que la resolución judicial alcanza tanto a docentes como a trabajadores no docentes, y que el incumplimiento de la ley profundiza la pérdida del poder adquisitivo del sector universitario. También advirtieron que la falta de recursos compromete el normal desarrollo de las actividades académicas, desde las mesas de examen hasta la planificación del próximo calendario educativo.
Pese al fallo favorable, en el ámbito universitario existe escepticismo respecto de la reacción del oficialismo. Los sindicatos recuerdan antecedentes recientes en los que el Ejecutivo apeló resoluciones judiciales o demoró su aplicación, incluso en casos donde se encontraban en juego derechos sociales sensibles. Además, subrayan que la Ley de Financiamiento Universitario fue ratificada en reiteradas oportunidades por la Cámara de Diputados, atravesó vetos presidenciales y sufrió recortes durante el debate presupuestario.
Mientras tanto, las universidades mantienen el estado de alerta y esperan una respuesta formal del Gobierno. De no haber avances concretos en el corto plazo, el conflicto podría escalar y afectar de lleno el comienzo del próximo año académico en todo el sistema universitario nacional.
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