Un fallo federal dispuso, mediante una medida cautelar, la actualización de los ingresos de docentes, no docentes y estudiantes del sistema universitario público. La decisión fue celebrada por gremios y organizaciones estudiantiles en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.
En un escenario atravesado por conflictos políticos y serias dificultades para el financiamiento educativo, la Justicia Federal resolvió avanzar con una medida clave para el sostenimiento de las universidades públicas. A través de una cautelar, se ordenó al Gobierno nacional actualizar los salarios docentes y no docentes, así como también las becas estudiantiles, contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue firmada por el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien dispuso el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Estos puntos refieren específicamente a la actualización de las partidas destinadas a salarios y ayudas económicas para estudiantes, que permanecían congeladas desde hace meses.
Desde los gremios docentes destacaron el impacto positivo de la decisión. La secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, remarcó que el fallo representa “una muy buena noticia en el contexto actual” y subrayó que la cautelar es el resultado de una estrategia sostenida de reclamos institucionales y movilización social. Según expresó, la comunidad universitaria no abandonó la lucha, combinando acciones en el ámbito legislativo, judicial y en las calles.
La medida judicial resulta central para garantizar el normal inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades públicas de todo el país. Sin la actualización de salarios y becas, advirtieron desde el sector, el funcionamiento académico y administrativo se vería seriamente comprometido.
Cabe recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en octubre, pero luego suspendida por el Poder Ejecutivo mediante un decreto que argumentaba la falta de previsión presupuestaria. Ante esa situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una demanda solicitando la inconstitucionalidad del decreto y exigiendo la aplicación plena de la norma.
Para las autoridades universitarias y los sindicatos, la cautelar representa un paso significativo, aunque insuficiente. “La universidad necesita presupuesto, salarios dignos y becas que permitan sostener las trayectorias estudiantiles”, señaló Staiti, quien insistió en que la defensa de la educación pública seguirá siendo una prioridad colectiva.