La presentación del proyecto de reforma laboral generó un paro estatal y movilizaciones en todo el país. Las organizaciones sociales cuestionaron la iniciativa y advirtieron que profundizará la precarización.
La jornada de ayer estuvo marcada por una fuerte tensión social luego de que el gobierno presentara su proyecto de reforma laboral. La iniciativa motivó un paro de los empleados estatales y múltiples protestas impulsadas por movimientos sociales, quienes realizaron cortes simultáneos en distintos puntos del país en rechazo a una medida que califican como “regresiva” y orientada a favorecer al mercado en detrimento de los derechos de los trabajadores.
Cerca del Congreso, la movilización de los estatales se desarrolló en el marco de un paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado. En paralelo, diversas organizaciones sociales desplegaron una “jornada nacional de lucha” que incluyó al menos ocho concentraciones en el área metropolitana y decenas de interrupciones en rutas y accesos de varias provincias.
Desde el gobierno, la respuesta llegó a través del anuncio de que se descontará la jornada a todos los empleados públicos que participaron de la medida de fuerza. Además, la Casa Rosada ordenó un fuerte operativo de seguridad en los puntos de protesta.
El día también significó el debut de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Su primera intervención pública se dio con la continuidad y reforzamiento de los dispositivos antipiquetes implementados previamente, lo que dejó como postal principal a las calles de la Ciudad de Buenos Aires colmadas de efectivos.
Críticas al corazón de la reforma laboral
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la propuesta oficial “no busca mejorar la productividad ni la competitividad”, y marcó que su único objetivo es “disciplinar a la fuerza de trabajo”. También advirtió que la quita de derechos no contribuirá a la generación de nuevo empleo.
Las agrupaciones sociales coincidieron en esa mirada. El referente Esteban Castro remarcó que la reforma “profundizará la informalidad”, señalando que, en un país donde ya entre el 50 y el 60 por ciento de los trabajadores se desempeñan sin protección laboral, el plan oficial podría empujar ese porcentaje “hasta el 80 por ciento”.
Reclamos acumulados por el ajuste
Además del rechazo a la reforma, los estatales manifestaron su preocupación por una posible nueva ola de despidos en el sector público. El gobierno dejó trascender que evalúa no renovar contratos que vencen a fin de año, lo que afectaría hasta a un 10 por ciento del personal del Estado nacional. También exigieron la reapertura de paritarias para recomponer ingresos.
Las organizaciones sociales llevaron a la protesta otros reclamos: el congelamiento del Salario Social Complementario en 78.000 pesos desde diciembre de 2023, tras haber sido separado del Salario Mínimo; la intención oficial de desenganchar la Asignación Universal por Hijo de la fórmula de movilidad; la paralización de obras de urbanización en más de cinco mil barrios populares; y los efectos de la apertura irrestricta de importaciones, que impacta en cooperativas textiles, cartoneros y la agricultura familiar.
