A pesar de una extensa movilización que recorrió más de 100 kilómetros, el Senado provincial aprobó la ley que permite avanzar con el Proyecto Minero San Jorge.
Una multitud que partió desde distintos puntos de Mendoza llegó a la Legislatura provincial para rechazar la iniciativa que habilita la minería metalífera en Uspallata. La caminata principal salió desde Uspallata y completó un extenso recorrido hasta la capital mendocina, mientras que otras columnas se sumaron desde el Valle de Uco, San Rafael y Lavalle. Su objetivo: frenar el proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, aliado político del presidente Javier Milei.
Sin embargo, la masiva protesta no alcanzó para detener el avance legislativo. Con 29 votos afirmativos, una abstención y solo seis votos negativos —cinco provenientes del sector kirchnerista y uno de un espacio ambientalista— el Senado provincial dio luz verde a la reactivación del yacimiento de cobre San Jorge.
Para Daniel Funes, uno de los referentes de la lucha por el agua, la aprobación expone una grave desconexión entre la clase política y la ciudadanía. “Es impresionante ver cómo nuestras democracias se encuentran tan deterioradas”, expresó con evidente desazón. Según relató, llevaba horas de marcha y casi un día sin dormir, pero aun así destacó la importancia de la movilización: “El agua logró unir a sectores que habitualmente están enfrentados”.
Desde el oficialismo, la ministra de Energía local, Jimena Latorre, sostuvo que la ley “no representa un cheque en blanco” para la empresa a cargo del proyecto, a pesar del elevado consumo de agua que implica la explotación de cobre.
Los antecedentes recientes no son alentadores para quienes se oponen a la megaminería. En una protesta realizada en octubre, dos manifestantes fueron detenidos durante 50 horas sin que se explicaran los motivos. Registros audiovisuales muestran a policías golpeando y reduciendo a manifestantes que se encontraban actuando de forma pacífica.
Funes denunció que el gobierno provincial ha sostenido “una estrategia de estigmatización y persecución judicial” para generar una falsa sensación de consenso social que permita avanzar con este tipo de iniciativas.
También cuestionó el Estudio de Impacto Ambiental, al que calificó de desprolijo y sin fundamentos suficientes, pese a las objeciones técnicas presentadas por organismos científicos, universidades e instituciones religiosas. Según detalló, la Universidad Nacional de Cuyo alertó sobre el uso de sustancias altamente tóxicas que podrían dispersarse por el viento o el agua, contaminando ríos y poniendo en riesgo a la población.
Además, denunció que la empresa promete 5.000 empleos sin fundamentos verificables, cuando los propios estudios señalan que solo se generarían 1.200 puestos durante la construcción y cerca de 500 en las etapas posteriores.
Mendoza cuenta con experiencias previas negativas en minería metalífera. El yacimiento de uranio Sierra Pintada, actualmente inactivo, dejó pasivos ambientales severos, y la Corte Suprema ya prohibió su reapertura por una denuncia de la comunidad local.
Funes advierte que un solo proyecto como San Jorge puede poner en riesgo el agua de 1.400.000 personas, y remarcó la importancia de visibilizar lo que considera una forma de gobernar que ignora la voluntad popular.
