Organizaciones barriales alertan por el deterioro social, la falta de alimentos y las agresiones que se multiplican en los espacios comunitarios.
En el barrio de Constitución, la rutina en el comedor comunitario Darío Santillán dejó de ser la misma. Lo que antes era un punto de contención para cientos de familias se transformó en un espacio donde la tensión crece a diario. Las personas que se acercan para retirar un plato de comida discuten entre sí por motivos mínimos: un lugar en la fila, una mirada incómoda o la sospecha de que otro recibió una ración más abundante. “Cada semana hay escenas difíciles”, describen quienes sostienen el espacio.
La violencia se volvió inesperada y repentina. Un episodio marcó un antes y un después: una mujer que se negó a hacer la fila, en medio de una crisis emocional agravada por el consumo de sustancias, insultó a las cocineras y terminó volcando una olla completa sobre la vereda. Ese día, cerca de ochenta personas se quedaron sin almuerzo.
Las trabajadoras comunitarias explican que esta escalada no se veía ni en la crisis del 2001 ni durante la pandemia. Afirman que las políticas actuales, caracterizadas por un fuerte ajuste, profundizaron la precarización y multiplicaron las situaciones de calle y los consumos problemáticos.
Un trabajo comunitario al límite
La situación se agravó entre 2024 y 2025, cuando —según denuncian las organizaciones sociales— el gobierno nacional dejó de enviar alimentos, congeló los ingresos de quienes realizan tareas de cuidado en 78 mil pesos y lanzó acusaciones sobre supuestos comedores inexistentes. Muchas unidades barriales cerraron y en las que continúan abiertas quedó menos personal para sostener un trabajo que se volvió más complejo y riesgoso.
Ante la tensión cotidiana, la olla que antes se colocaba en la vereda ahora permanece dentro del local. Para evitar peleas se instauró un sistema de números: primeras van las personas con discapacidad o con niños, luego quienes viven en hoteles de la zona, y por último quienes están en situación de calle. Aun así, las discusiones son constantes.
“Estamos atravesando una sociedad violentada”, expresan las cocineras. El desgaste emocional también impacta: muchas de ellas trabajan en otros empleos y cargan con sus propios problemas. En medio de peleas entre quienes asisten al comedor, incluso apareció un caso de herida de arma blanca producto de una discusión de pareja.
Nueva pobreza: trabajadores que también buscan un plato de comida
Una postal inédita para estos espacios es la presencia creciente de personas que tienen empleo pero no llegan a fin de mes. Obreros tercerizados, pintores que trabajan en obras cercanas o cuadrillas de servicios que no reciben viáticos comenzaron a acercarse para solicitar desayuno y almuerzo. Con su salario insuficiente, dependen de la asistencia comunitaria para comer.
Pese a las dificultades, en el comedor sostienen que la violencia no es tomada como algo personal. Incluso recuerdan un gesto inesperado: la misma mujer que había volcado la olla tiempo atrás intervino recientemente para frenar una pelea y defender a las cocineras.
Un sostén que resiste
Otro punto crítico es la desaparición de equipos especializados: promotoras de salud, referentes de género y acompañantes para trámites o consumos problemáticos. Estas tareas se financiaban a través de programas sociales que fueron desmantelados, lo que dejó a los comedores sin capacidad de contención integral.
Las organizaciones continúan movilizándose y llevan adelante campañas para conseguir alimentos, como la iniciativa “Ningún Pibe con Hambre”. También reclaman que el trabajo sociocomunitario sea reconocido y remunerado formalmente, algo que —consideran— quedará para un próximo gobierno.
Mientras tanto, la militancia barrial se adapta una vez más a un contexto hostil. En medio de carencias y conflictos, los comedores continúan abiertos porque detrás hay vínculos, solidaridad y una decisión firme de sostener a quienes hoy no pueden garantizarse un plato de comida.
