El Ejecutivo enviará a las Sesiones Extraordinarias una propuesta integral que aumenta las condenas, restringe beneficios y establece la imprescriptibilidad para delitos considerados especialmente graves. El objetivo oficial es profundizar la severidad del sistema penal y acotar márgenes de discrecionalidad judicial.
El Gobierno se prepara para abrir el debate legislativo de un nuevo Código Penal durante las Sesiones Extraordinarias, con una iniciativa que plantea una reconfiguración completa del esquema sancionatorio vigente. La propuesta, que comenzará a discutirse el 10 de diciembre, impulsa un endurecimiento generalizado en la mayoría de los delitos y redefine las condiciones bajo las cuales las penas podrán cumplirse fuera de prisión.
Uno de los ejes más fuertes es el aumento de los máximos previstos para diversas figuras penales. En el caso del homicidio simple, el tope pasaría de 25 a 30 años, ampliación que también impactaría en lesiones leves, lesiones derivadas de conducción imprudente y abuso de armas. El proyecto incorpora, además, incrementos significativos para pornografía infantil, trata de personas, hurto, estafas, robos y otros delitos contra la integridad física y patrimonial.
La iniciativa también plantea una modificación profunda en la ejecución de las condenas: según la nueva estructura, alrededor del 82% de los delitos deberá cumplirse de manera efectiva en establecimientos penitenciarios, lo que limita sensiblemente la posibilidad de excarcelaciones o morigeraciones. En este contexto, se eliminaría la liberación anticipada para delitos de alto impacto social, como homicidio, robo con armas o robo seguido de muerte, así como para personas reincidentes. Las penas perpetuas, a su vez, adquirirían un carácter más estricto.
Otro punto de peso es la incorporación de la imprescriptibilidad para figuras especialmente graves, como homicidios agravados, delitos sexuales en todas sus modalidades, trata de personas, corrupción de menores, secuestro extorsivo, terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico y contrabando de drogas y atentados contra el orden democrático. Este cambio busca reforzar la persecución penal en delitos que el Ejecutivo considera de alto daño social.
El proyecto suma regulaciones vinculadas a la función pública: los funcionarios condenados por delitos penales perderán automáticamente cualquier acceso a jubilaciones especiales. En paralelo, se propone una ampliación de la figura de la legítima defensa para otorgar mayor cobertura a quienes actúen para resguardar su integridad o la de terceros.
En conjunto, las reformas se presentan como un paquete orientado a reforzar el mensaje de tolerancia cero frente a la criminalidad y los casos de corrupción estatal, ampliando las penas, endureciendo su cumplimiento y redefiniendo la relación entre los ciudadanos, el Estado y el sistema penal.
