Tras otra negociación frustrada, el Gobierno impuso un aumento que totaliza solo 16,8% en diez meses. La CGT lo definió como “desfasado” y advierte que millones de trabajadores quedarán cada vez más lejos de la Canasta Básica.
El anuncio oficial del nuevo salario mínimo desató un vendaval de críticas en el ámbito sindical y político. Con un incremento que muchos consideran irrisorio, el Gobierno aplicó por decreto una actualización que se despliega hasta agosto de 2026 y que, según especialistas, apenas roza la superficie de una inflación que no da tregua.
Desde diciembre de 2023 hasta la fecha, el salario mínimo solo subió 79%, mientras los servicios esenciales aumentaron en proporciones que multiplican varias veces ese número. El impacto real es contundente: colectivos +600%, trenes +520%, subte +846%, luz +234% y gas +531%. En este escenario, la brecha entre ingresos y gastos cotidianos crece sin pausa.
La nueva resolución fija que el salario mínimo pasará de 322.200 pesos en octubre a 334.800 en diciembre y continuará aumentando en cuotas mínimas hasta llegar a 376.600 pesos en agosto de 2026. Una diferencia de apenas 54.400 pesos en diez meses, en un contexto donde la inflación proyectada supera ampliamente ese porcentaje. El valor por hora seguirá la misma tendencia, apenas ascendiendo hasta 1.883 pesos.
En comparación regional, la caída es aún más evidente. Con 225 dólares mensuales, Argentina se posiciona en el puesto 15 de la región, según un informe reciente. Costa Rica lidera con un salario mínimo de 729 dólares. El contraste es brutal: hace poco más de diez años, el país se encontraba entre los aportes más altos del continente.
Las cifras del Instituto Interdisciplinario de Economía Política confirman la gravedad del deterioro: entre noviembre de 2023 y octubre último, el salario mínimo perdió 35% de poder adquisitivo real. Solo en 2024, la merma alcanza el 7,7%. Esto no solo afecta a trabajadores, sino también a miles de jubilados y beneficiarios de programas sociales cuyo ingreso depende de este parámetro.
El ajuste también impacta en la prestación por desempleo, que se calculará según la mejor remuneración de los últimos seis meses, con límites directamente vinculados al salario mínimo. Como ese valor está muy por debajo de la inflación, los montos finales quedarán igualmente rezagados.
La CGT fue categórica: el nuevo piso salarial “no tiene relación alguna con la realidad económica”. La central remarcó que la cifra queda a una distancia sideral de la Canasta Básica Total, que supera largamente el millón de pesos. En la fallida reunión del Consejo del Salario, la propuesta empresarial había sido un aumento apenas testimonial, mientras que los sindicatos reclamaron una recomposición cercana al 71,6%.
En la arena política también hubo reacciones. Carlos Castagneto sostuvo que el salario mínimo actual representa “el valor real más bajo en treinta años” y denunció que el Ejecutivo “eliminó toda instancia de negociación” al fijar el monto de manera unilateral. Según sus cálculos, entre 2023 y 2025 se perdió más del 60% del poder adquisitivo.
El análisis del CEPA coincide con ese diagnóstico. Su director, Hernán Letcher, advirtió que el aumento escalonado no compensa ninguna de las pérdidas recientes y que la resolución oficial terminó alineándose con la postura de las cámaras empresarias. Explicó que mientras los gremios pretendían acercar el salario a 497.000 pesos reales, los empresarios proponían un equivalente a 313.500; la decisión final dejó el monto en torno a 320.000 pesos reales para abril de 2026.
El resultado, coinciden economistas y sindicatos, es un salario mínimo que no alcanza ni a cubrir gastos esenciales y que profundiza el deterioro social. Con precios que siguen en ascenso y un panorama inflacionario incierto, millones de argentinos enfrentarán los próximos meses con ingresos cada vez más insuficientes.
