Especialistas advierten que el borrador propone desregular el sistema, reducir la presencia estatal y habilitar la enseñanza en el hogar, mientras promueve la competencia entre escuelas y la flexibilización horaria.

La propuesta de reforma que impulsa el oficialismo para reemplazar la actual Ley de Educación Nacional encendió alarmas entre especialistas del sector. El documento preliminar, titulado “Ley de libertad educativa”, plantea una transformación estructural del sistema, basada en una lógica de mercado, una marcada reducción del rol estatal y un mayor protagonismo de las instituciones privadas y de las familias.

El texto filtrado sugiere que cada escuela —tanto estatal como privada— diseñe su propio plan de estudios, su calendario, sus métodos de enseñanza y sus criterios de contratación docente. También introduce la posibilidad de implementar educación en el hogar y habilita la enseñanza religiosa confesional dentro del ámbito público. A su vez, propone modalidades híbridas que combinan clases presenciales y virtuales.

Uno de los puntos más cuestionados es la disminución de la carga horaria obligatoria. El borrador establece 540 horas anuales para nivel inicial y 720 para primaria y secundaria, cifras inferiores a las pautadas actualmente por el Consejo Federal de Educación, que fija 570, 760 y 900 horas respectivamente. Para investigadores y docentes, esta reducción implicaría un retroceso directo en el tiempo pedagógico garantizado.

Un Estado reducido al rol de asistente

En línea con la orientación general del gobierno, el proyecto traslada responsabilidades centrales del Estado hacia privados y familias. El texto incluso evita mencionar la palabra “pública”, lo que para especialistas representa una señal clara del rumbo ideológico. Guillermo Ruiz, investigador en políticas educativas, sostiene que la iniciativa “carece de encuadre constitucional” y responde a “una lógica de ajuste presupuestario”. A su vez, advierte que el documento equipara la educación estatal con la privada, posicionando al Estado en un papel meramente subsidiario, centrado en asistir a las familias y garantizar el funcionamiento del sector privado.

Este enfoque también se expresa en la promoción de la competencia entre escuelas. Para los analistas consultados, esa lógica favorece a las instituciones con mayores recursos, capaces de contratar docentes mejor remunerados y atraer a los estudiantes con mejores condiciones socioeducativas. La consecuencia, remarcan, sería una profundización de las desigualdades y la posible desaparición de escuelas con menor capacidad económica.

Homeschooling y poder familiar

Otro aspecto controvertido es la habilitación de la educación en el hogar. Si bien se trata de una modalidad conocida internacionalmente, investigadores señalan que en Argentina no existe un marco legal que regule ni evalúe su implementación. Roberto Abdala, director de la Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes, describe el borrador como “preocupante” y subraya que ubica a las familias en un rol central que excede sus capacidades formativas. En esta mirada, los padres o un representante designado podrían conducir el proceso educativo, algo que hoy carece de protocolos de homologación.

El texto se alinea con modelos impulsados por sectores conservadores en otros países, como Estados Unidos o Brasil, donde algunos grupos promueven prácticas disciplinarias rígidas o incluso castigos físicos como parte del método educativo. En Argentina, se estima que alrededor del 2 por ciento de niños y adolescentes cursan bajo esta modalidad, aunque sin una normativa específica.

Recorte presupuestario y falta de diagnósticos

Para los especialistas, la reforma carece de un análisis integral del sistema educativo que justifique un cambio de semejante magnitud. Ruiz remarca que “no existe un diagnóstico profundo” sobre recursos, condiciones laborales docentes o funcionamiento de contenidos a nivel provincial. Las únicas referencias son pruebas estandarizadas como Aprender, insuficientes para orientar una transformación estructural.

Abdala coincide en que el financiamiento educativo viene disminuyendo año tras año y sostiene que antes de discutir una nueva ley debería garantizarse el pleno cumplimiento de la normativa vigente, incluida la inversión del 6% del PBI para educación. La preocupación central es que, una vez derogada la actual ley, ese compromiso deje de ser obligatorio, lo que habilitaría un desfinanciamiento aún mayor.

Aunque aún no está claro si el borrador se presentará de manera formal en el Congreso, especialistas y referentes educativos coinciden en que el documento anticipa el tipo de discusión que el gobierno buscará instalar: un esquema menos estatal, más privatizado y basado en la competencia. Un escenario que, advierten, podría redefinir el sistema educativo argentino de raíz.