La Legislatura bonaerense avanzó con el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la declaración de emergencia para la Provincia y los municipios. Sin embargo, la autorización para endeudarse por u$s 3.035 millones quedó pendiente por desacuerdos en el reparto de fondos municipales.
La administración encabezada por Axel Kicillof obtuvo este jueves el respaldo legislativo para declarar la emergencia económica en todo el territorio bonaerense y en sus 135 distritos. La medida forma parte del paquete del Presupuesto 2026 y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027.
Además de la emergencia, diputados y senadores avalaron la Ley Impositiva. Pero el punto más conflictivo del debate —la Ley de Financiamiento que habilita un endeudamiento por u$s 3.035 millones— no logró el consenso necesario y se postergó para una nueva sesión. La demora se originó por las fuertes diferencias respecto de cómo sería la distribución de fondos entre las intendencias.
El texto aprobado se apoya en la “profunda recesión” y en la reducción de giros automáticos y no automáticos provenientes del Gobierno nacional. Según los legisladores, este escenario debilitó el federalismo fiscal y complicó la prestación de servicios esenciales en distintas áreas de la Provincia.
En el tratamiento nocturno, la Legislatura aprobó un gasto total de 43 billones de pesos y también dio luz verde a los presupuestos internos de ambas cámaras, que representan un 0,9% del total. No obstante, esos números no fueron difundidos en detalle.
La única norma aún sin definición es la Ley de Financiamiento. Kicillof busca autorización para cubrir compromisos previos. Desde Unión por la Patria, el diputado Gustavo Pulti remarcó que “la Provincia debería poder sostenerse con un tercio de lo que Nación recortó, garantizando participación para los 135 municipios y un fondo no sujeto a vaivenes del mercado”.
El foco del conflicto se concentró en el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. Aunque se había pactado un monto global de $352.000 millones, persisten disputas sobre qué parte se girará directamente a los distritos. Según legisladores de la UCR + Cambio Federal, hubo un intento de reducir de $180.000 millones a $30.000 millones el tramo de transferencia automática, lo cual fue calificado como “inadmisible”.
La discusión sobre el endeudamiento también generó tensiones. En el proyecto original, el artículo 3 establecía que los municipios recibirían el 8% de un crédito de u$s 1.990 millones. Luego, el Ejecutivo accedió a aplicar ese porcentaje sobre el total de u$s 3.035 millones. Sin embargo, sectores vinculados a La Cámpora aseguran que el pedido real de endeudamiento asciende a u$s 3.685 millones, por encima de lo comunicado por el ministro de Economía, Pablo López.
Horas antes de la sesión, Kicillof mantuvo un encuentro con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, referente político de Máximo Kirchner. Allí se acordó acompañar el Presupuesto y la Ley Impositiva y continuar negociando la presidencia de Diputados, la estrategia parlamentaria del oficialismo y la definición final sobre la financiación.
La Ley Impositiva incorporó una modificación que generó rechazo opositor: la creación de una alícuota del 9% sobre las ganancias de entidades financieras derivadas de títulos públicos nacionales. El impuesto excluye bonos provinciales, municipales y obligaciones negociables privadas. Para el diputado del PRO Matías Ranzani, la medida es “desatinada”, y pidió al Ejecutivo no promulgarla. Aun con el rechazo opositor, la iniciativa fue aprobada por mayoría.
Qué implica la emergencia económica La declaración permite al Ejecutivo usar mecanismos excepcionales, simplificar trámites, reasignar recursos y modificar alícuotas. Estas herramientas fueron decisivas en los años noventa y volvieron a generalizarse tras la crisis de 2002. La última prórroga se mantuvo hasta 2015 y fue dada de baja en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.