Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción de la CGT, cuestionó que el Gobierno avance con cambios en la legislación laboral sin un borrador oficial ni diálogo con los sectores que podrían verse afectados. Reclamó que se envíe el proyecto al Congreso y remarcó que la prioridad debería ser una reforma tributaria.

El cotitular de la Confederación General del Trabajo, Jorge Sola, advirtió que cualquier intento de modificar las normas laborales sin la participación de trabajadores y empleadores corre el riesgo de “nacer viciado”. El dirigente sostuvo que la falta de un documento formal por parte del Poder Ejecutivo genera incertidumbre y resta seriedad a un debate que debería ser central para el futuro de la producción.

Según expresó en declaraciones radiales, el Gobierno “invierte el orden de prioridades”, ya que considera imprescindible abordar primero una reforma impositiva que estimule la inversión. “La presión fiscal ahoga a las pymes; antes de hablar de flexibilización hay que bajar impuestos”, afirmó.

Sola insistió en que, pese a la ausencia de información concreta, la central obrera se prepara “unida y fortalecida” para la discusión parlamentaria. Aseguró que el movimiento obrero “no está solo para resistir”, sino también para acercar propuestas que apunten al desarrollo económico y al crecimiento del empleo formal.

El referente del gremio de seguros señaló que hasta el momento no se recibió ningún borrador oficial. “Todo se mueve entre versiones. Se filtran ideas que después se niegan. Así no es posible trabajar en un debate serio”, planteó. La preocupación principal, indicó, es que los dos actores involucrados —trabajadores y sectores productivos— “no están convocados a ninguna mesa de consulta”.

En relación con el Consejo de Mayo, Sola aclaró que la representación sindical existe, pero que el organismo no aborda un tratamiento profundo del tema. “No hay un análisis real. Apenas conceptos generales que buscan reproducir el decreto 70/23, que ya fue declarado inconstitucional”, añadió.

El dirigente remarcó además que una reforma laboral transversal sería inaplicable. “Cada actividad tiene particularidades propias. Las modernizaciones deben negociarse por sector. Ya incorporamos modalidades como el teletrabajo, esquemas remotos y herramientas tecnológicas. No estamos atrasados”, afirmó.

También subrayó que cualquier discusión debe contar con un Estado presente, ágil y eficiente, que brinde reglas transparentes y un marco estable para los inversores. Y señaló que estas políticas deben sostenerse más allá de los cambios de gobierno.

Sola estimó que el eventual proyecto recién ingresaría al Congreso luego del debate del Presupuesto, lo que pospondría la discusión hasta febrero. Alertó, además, que si el debate se limita a “una disputa política”, la letra chica no será modificada y las necesidades reales del mundo laboral quedarán relegadas.

En cuanto a las críticas empresarias por litigiosidad, fue contundente: “Si se cumple la ley, no hay juicios. La informalidad es un delito y así está establecido”. No obstante, reconoció que los procesos judiciales extensos perjudican a todas las partes, y responsabilizó al sistema judicial por las demoras.

Finalmente, reiteró que el primer paso debería ser una transformación fiscal que reduzca la carga sobre las pequeñas y medianas empresas. Y reafirmó que cualquier intento de reducir los aportes sindicales obligatorios para trabajadores afiliados sería inconstitucional.

Antes de cerrar, Sola ratificó que la CGT está preparada para participar con propuestas y señaló que representa a todos los trabajadores “sin distinción partidaria”.