En medio de un clima político cada vez más tenso entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, el presidente Javier Milei confirmó que vetará las leyes impulsadas por las provincias que buscan modificar la distribución de fondos públicos. La postura oficial genera preocupación en el gobierno nacional y en las provincias, ya que se avecinan días decisivos en el Congreso de la Nación.
La semana pasada, el Senado dio media sanción a proyectos que plantean una distribución más equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles líquidos, iniciativas promovidas por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Sin embargo, estas propuestas aún deben ser aprobadas en la Cámara de Diputados y enfrentan un claro rechazo desde el Ejecutivo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó públicamente que Milei vetará no solo esas leyes de reparto, sino también otras medidas ya sancionadas como el aumento jubilatorio, la moratoria y la emergencia en discapacidad. Francos aseguró que la administración nacional no permitirá ninguna iniciativa que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. “Una vez que el Gobierno reciba las leyes sancionadas, procederá al veto”, subrayó.
En contraste con esta línea oficial, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación aunque sin funciones desde el fin de sus facultades delegadas, expresó públicamente una opinión distinta. Durante una entrevista, señaló que no vetaría la ley que modifica la distribución de los ATN si fuera consultado por el Presidente, argumentando que el Senado ya autorizó un cambio en la coparticipación mediante una ley simple y que eso permitiría modificar los recursos que ciertas provincias recibían blindados hasta ahora.
Estas declaraciones provocaron un malestar inmediato entre los gobernadores, que ya atravesaban un momento delicado en sus relaciones con el gobierno nacional. Para bajar la tensión y aclarar diferencias, Francos enfatizó que Sturzenegger simplemente dio su opinión personal y que no formaba parte de las negociaciones oficiales con los mandatarios provinciales, con quienes el jefe de Gabinete mantiene diálogo diario.
Mientras tanto, en la Casa Rosada no descartan la posible intervención del asesor sin cargo Santiago Caputo en las próximas negociaciones, a pesar de que en las últimas semanas su participación fue menos visible debido al protagonismo que han ganado otros referentes del oficialismo vinculados a Karina Milei. En sectores cercanos a Caputo recuerdan su influencia en momentos clave, como en la sanción de la Ley de Bases y en la defensa de vetos anteriores.
El principal desafío para el gobierno será reunir los votos suficientes en el Congreso para mantener los vetos presidenciales. Milei y su equipo advierten que, si la oposición logra reunir los dos tercios necesarios para rechazar los vetos, acudirán a la justicia para intentar frenar las leyes. El presidente incluso pronosticó que un fallo judicial podría tardar al menos dos meses, periodo durante el cual podrían producirse incrementos en el gasto público y la emisión monetaria, que según sus palabras, jugarían a favor en la estrategia electoral para octubre.
En medio de estas internas visibles y la frágil relación con los gobernadores, la Casa Rosada intenta mantener el control de la agenda legislativa y asegurar la gobernabilidad en un contexto de creciente incertidumbre política y fiscal. Las próximas semanas serán claves para definir si la administración Milei logra imponer su criterio o si la oposición y las provincias avanzan en sus reclamos.
