Con un contundente respaldo político y social, el Senado de la Nación convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad, una norma reclamada durante meses por organizaciones, familias y prestadores de servicios vinculados al sector. La votación arrojó un resultado unánime: 56 votos afirmativos, sin votos en contra ni abstenciones. Se trata de una legislación clave que busca aliviar la crisis que atraviesan personas con discapacidad y quienes las asisten, tanto en el ámbito de la salud como en el educativo y social.
Durante la sesión, la calle frente al Congreso se colmó de familias, profesionales, docentes, transportistas y representantes de organizaciones no gubernamentales que acompañaron el debate con pancartas y cánticos, visibilizando una problemática agravada por el congelamiento de tarifas y la falta de actualización de recursos. La aprobación en el Senado replicó el consenso logrado semanas atrás en la Cámara de Diputados, donde el proyecto también había superado cómodamente los dos tercios requeridos.
La norma contempla, entre sus principales medidas, una recomposición urgente para prestadores de salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos se encuentran congelados desde hace más de siete meses. También revierte restricciones recientes impuestas por el Poder Ejecutivo para acceder a las pensiones por invalidez. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la ley se ubica entre el 0,2% y el 0,4% del PBI.
No obstante, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la norma, en línea con su decisión de rechazar todas las leyes sancionadas por el Senado en la misma jornada. Esta posibilidad mantiene en vilo a las instituciones del sector, que ven en esta ley una herramienta imprescindible para garantizar su supervivencia.
Desde el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), su titular Daniel Ramos expresó: “Esta ley es nuestra única esperanza para seguir funcionando. Sin ella, muchas instituciones podrían cerrar. El ajuste no puede recaer sobre quienes más necesitan del Estado”. Ramos llamó a la sensibilidad del Gobierno y remarcó la situación crítica de las familias y profesionales involucrados.
El proyecto también obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a actualizar mensualmente los valores del nomenclador según el índice de inflación. Actualmente, una maestra de apoyo percibe apenas 3200 pesos por hora, valor que no se actualiza desde diciembre y representa una pérdida de poder adquisitivo de casi 70 puntos porcentuales frente a la inflación acumulada.
Por otro lado, la ley corrige las medidas restrictivas implementadas en los últimos meses para las pensiones por invalidez, las cuales exigían una “invalidez laboral total” del 66% y la incompatibilidad con el empleo formal. La nueva norma establece que el único requisito será contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que podría permitir el acceso a entre 493 mil y 946 mil nuevas pensiones.
El respaldo popular también se manifestó en numerosas provincias con réplicas de la movilización, incluyendo Santa Fe, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Neuquén. Organizaciones como REDI y el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad destacaron que el logro fue fruto de una lucha colectiva de años, aunque advirtieron que no bajarán los brazos ante un posible veto presidencial.
Desde Aiepesa, Eduardo Maidana reflexionó: “Durante décadas las personas con discapacidad estuvieron relegadas. Hoy, esta ley marca un nuevo avance hacia la inclusión, aunque aún queda mucho por hacer”.
