En Ciudad Evita, partido de La Matanza, cinco personas fueron demoradas tras ser sorprendidas realizando tareas de mejora en terrenos ubicados dentro de la Reserva Natura, una zona de protección ambiental sobre la cual rige una medida judicial que prohíbe cualquier tipo de intervención.

El operativo tuvo lugar en la intersección de las calles El Pindo y Las Clavelias, donde las autoridades constataron que los individuos intervenían el predio a pesar de la vigencia de una orden de “No Innovar” dictada por la justicia. La fiscalía descentralizada de La Matanza intervino y los puso a disposición judicial, mientras se investigan los hechos por desobedecer la medida que protege el área.

Este nuevo episodio volvió a poner en alerta a los vecinos, a organizaciones ambientalistas y también a referentes sociales y políticos del distrito. El dirigente matancero Miguel Saredi se expresó con firmeza al respecto y advirtió sobre el riesgo creciente que enfrenta esta reserva ecológica, una de las últimas de gran magnitud en el conurbano bonaerense.

“No se puede permitir que se siga avanzando sobre el patrimonio natural de nuestra comunidad”, declaró Saredi. “La Reserva Natura no solo es un pulmón verde, sino también un símbolo de lucha vecinal y un compromiso con el futuro”, agregó, en un claro llamado a defender el ecosistema local.

Saredi también remarcó que esta situación no es un hecho aislado, sino parte de un proceso más amplio que incluye loteos ilegales, ocupaciones irregulares y maniobras inmobiliarias. “Estamos ante un intento sistemático de apropiarse de tierras que son patrimonio colectivo, y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, afirmó.

Frente a estos hechos, desde diversos sectores sociales e institucionales se volvió a insistir en la necesidad de reforzar los controles en la zona y de garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones judiciales. También se alertó sobre las consecuencias ambientales que podrían derivarse de una intervención constante e ilegal en el lugar: pérdida de biodiversidad, deterioro de la capacidad hídrica y alteración del equilibrio ecológico de toda la región.

El caso sigue bajo investigación, mientras crecen las voces que exigen una respuesta firme del Estado para frenar el avance sobre uno de los espacios verdes más importantes del conurbano.