Cinco militantes del peronismo, entre ellos una concejala de Quilmes, se encuentran actualmente detenidos en lo que diversos referentes sociales y políticos describen como una escalada de persecución ideológica. Las detenciones se realizaron por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a partir de una denuncia presentada por el diputado nacional José Luis Espert. La causa gira en torno a un pasacalle con un insulto y la colocación de excremento frente a la vivienda del legislador, en el partido bonaerense de San Isidro.
Los operativos, llevados a cabo por la Policía Federal, incluyeron allanamientos en las localidades de Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Maschwitz. Entre las personas apresadas se encuentran la concejala quilmeña Eva Mieri; Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense; Aldana Muzzi, trabajadora social; Candelaria Montes Cató, militante desde la adolescencia; e Iván Díaz Bianchi, trabajador del área de salud. En todos los casos, sus allegados aseguran que no existen motivos legales suficientes para justificar las detenciones.
Las imágenes de las personas esposadas fueron difundidas por el propio Ministerio de Seguridad, generando repudio entre referentes del campo popular. La ministra Patricia Bullrich compartió públicamente una foto de Mieri recién detenida, acompañada de un mensaje burlesco. Esa exposición fue interpretada como una forma de estigmatización, lo que alimentó aún más las denuncias de uso arbitrario del poder estatal para castigar a la oposición política.
Durante una conferencia en el Congreso Nacional convocada por el bloque de Unión por la Patria, participaron familiares, dirigentes universitarios, abogados y representantes de organismos de derechos humanos, quienes coincidieron en denunciar el carácter “ilegal” de las medidas judiciales. El rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, advirtió que los procedimientos violaron garantías básicas, como el derecho a la defensa o la protección de domicilios ajenos a la causa. “¿De verdad puede sostenerse que hay riesgo de fuga o entorpecimiento procesal en estos casos?”, cuestionó.
El abogado Bienvenido Rodríguez Basalo, quien representa a Mieri, expresó su preocupación por la imputación de delitos graves como amenazas, discriminación y acciones que atentan contra el orden público, en base al artículo 213 bis del Código Penal. “Están aplicando una figura que nada tiene que ver con el hecho en cuestión. Se está usando el sistema penal para disciplinar políticamente”, alertó.
La denuncia inicial de Espert alude a una supuesta “campaña de intimidación” tras la aparición del pasacalle y los restos orgánicos frente a su domicilio, sin embargo, las voces críticas dentro del mundo jurídico y político señalan que ese hecho no puede dar lugar a semejante despliegue represivo.
Los familiares describieron escenas alarmantes durante los allanamientos: irrupciones nocturnas con decenas de efectivos, incomunicación de los detenidos, traslado de mujeres encadenadas y hasta sesiones fotográficas humillantes. “La hicieron salir y entrar varias veces para que se le viera bien la cara”, relató la madre de Abaigar. Un testimonio similar brindó la hermana de Muzzi, quien presenció un video grabado por la policía tras el arresto.
Desde distintos sectores se pide la inmediata liberación de las personas detenidas. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, consideró que se trata de una “dictadura disfrazada de democracia” y señaló que los hechos se enmarcan en una persecución ideológica promovida desde el poder. “No hay ningún delito comprobado. Solo los mueve el odio y el deseo de disciplinar”, declaró.
Organismos de derechos humanos también se sumaron al reclamo y señalaron que lo ocurrido se inscribe en una lógica de criminalización del pensamiento disidente. «Sin libertad política, la democracia está más que en peligro», concluyeron en un comunicado conjunto.
