Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un nuevo escrito ante el Tribunal Oral Federal N°2 en el que exigen que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena en una unidad carcelaria o en un lugar alejado de centros urbanos y sin posibilidad de contacto con manifestantes o actores políticos. La solicitud se produce luego de que el tribunal concediera a la expresidenta el beneficio de la prisión domiciliaria, lo que generó malestar en sectores vinculados al oficialismo judicial.
La presentación, que se extiende por 33 páginas, contiene duras críticas a los jueces del tribunal, calificando sus decisiones como “insólitas”, “irrisorias” y “desatinos”, evidenciando un tono confrontativo y una clara intención de disputar el control del proceso. Luciani y Mola no solo cuestionan el lugar donde Cristina Kirchner cumple el arresto domiciliario, sino que también objetan el hecho de que haya sido vista saludando desde el balcón de su residencia, lo que para ellos representa una amenaza a la “resocialización” de la condenada.
Uno de los pasajes más llamativos del recurso señala que la ubicación de su domicilio, cercano a la Facultad de Ciencias Sociales, afecta la normalidad institucional por la supuesta influencia que la presencia de la exmandataria podría tener sobre estudiantes y trabajadores. Sin embargo, no se han registrado incidentes ni alteraciones en el funcionamiento habitual de la institución académica, lo que debilita ese argumento.
La línea de acción de Luciani y Mola no es nueva: durante todo el juicio mantuvieron una postura de máxima exigencia, incluso en el caso del exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, de 80 años y con múltiples problemas de salud. A pesar de sus condiciones médicas, los fiscales solicitaron que también fuera enviado a una cárcel. Solo tras el informe del Cuerpo Médico Forense y una prolongada estadía en calabozos, se le concedió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
El Ministerio Público Fiscal ahora busca que, si no se revoca la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, se disponga su traslado a un entorno controlado y alejado del conurbano bonaerense o la Ciudad de Buenos Aires. Entre las opciones sugeridas figuran El Calafate o alguna propiedad con acceso restringido, lo que imposibilitaría su contacto con la ciudadanía y referentes del peronismo.
Las tensiones en torno a este caso seguirán creciendo, ya que la Cámara de Casación Penal deberá resolver tanto este planteo como otros recursos pendientes, como la imposición de una tobillera electrónica o la entrega de un listado de visitas. La audiencia para tratar este último punto está prevista para el 7 de julio, aunque es probable que el resto de los temas se acumulen para después de la feria judicial. La composición del tribunal que resolverá el recurso —con jueces conocidos por su alineamiento con el anterior gobierno— anticipa un clima judicial aún más cargado.
