Entre 2017 y 2019, más de 1300 millones de pesos —equivalentes a más de 50 mil millones actuales— desaparecieron de las arcas de Vialidad Nacional. El dinero había sido asignado para la ejecución de obras de seguridad vial que nunca se realizaron. La sospecha que circula en ámbitos judiciales y políticos es que esos fondos podrían haber sido utilizados para financiar la campaña de Javier Iguacel, actual intendente de Capitán Sarmiento, dirigente del PRO con afiliación a Juntos por el Cambio y una de las figuras destacadas del gobierno de Mauricio Macri.

Los recursos fueron girados a partir de un convenio firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Vialidad Nacional con el objetivo de mejorar la infraestructura vial en cinco rutas clave del país: la 5, 7, 8, 22 y 34. Se preveía la instalación de tachas reflectivas, líneas vibrosonoras, cartelería inteligente y señalización LED, entre otros elementos destinados a reducir los siniestros en las rutas.

Sin embargo, una auditoría reveló que las obras nunca se concretaron. En su lugar, se detectaron demarcaciones mal hechas, carteles mal colocados —e incluso guardados dentro de tambores— y flechas de giro erróneamente dibujadas. Un informe elaborado por la Asociación Argentina de Carreteras concluyó que ninguna de las tareas previstas fue ejecutada, mientras que las empresas adjudicatarias aseguraron no haber realizado ninguna obra a pesar de que los fondos habían sido transferidos.

La investigación judicial, en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, permanece estancada desde hace cuatro años. Ambos funcionarios judiciales estuvieron involucrados previamente en causas sensibles contra referentes del kirchnerismo, incluyendo la instrucción de la causa conocida como «Vialidad» que involucró a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, impulsada en su momento por el propio Iguacel.

Luis Goldín, exdirector de asuntos jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y abogado vinculado al entorno de la exmandataria, elaboró un informe interno que documenta en detalle la falta de cumplimiento de los contratos y la ausencia total de obras. “La plata se giró, pero no se sabe a dónde fue”, aseguró.

En el Congreso, el diputado Rodolfo Tailhade denunció penalmente a Javier Iguacel y al exministro de Transporte Guillermo Dietrich por presunta malversación de fondos públicos. Mientras Dietrich se mantiene alejado de la política y reside entre exclusivos destinos turísticos, Iguacel —quien también fue titular de Vialidad y Ministro de Energía durante el macrismo— incursionó en el sector petrolero. Según se reveló, habría montado una estructura empresarial que le permitiría captar activos de YPF a bajo costo y obtener beneficios financieros millonarios.

A pesar del tiempo transcurrido y la gravedad de las sospechas, el expediente judicial continúa paralizado. La falta de avances genera malestar en sectores que exigen que se investigue a fondo el destino final de los fondos públicos desaparecidos.

Fuente: La Política Online