Diversos referentes históricos de organismos de derechos humanos anunciaron su respaldo a la movilización convocada para este miércoles, en defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema ratificara su condena en la causa Vialidad.
En señal de apoyo, las emblemáticas Taty Almeida y Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, visitaron este lunes a Fernández de Kirchner en su domicilio del barrio Constitución. Durante la reunión, también participó Horacio Pietragalla Corti, y los presentes compartieron un momento cargado de emociones y reflexiones políticas. Las madres repudiaron enérgicamente el fallo de la Corte y lo calificaron como una maniobra persecutoria contra quien promovió políticas de justicia y protección social.
«Estamos con ella, como siempre lo estuvimos con quienes lucharon por una Argentina más justa», expresó Almeida, que hizo hincapié en la importancia de la movilización prevista para este miércoles a las 10 de la mañana. Desde la residencia de la exmandataria partirá una multitudinaria marcha hacia los tribunales de Retiro, en lo que se espera sea una demostración masiva de respaldo ciudadano y político.
Además del histórico acompañamiento de Madres, se sumaron figuras como Adolfo Pérez Esquivel, quien también mantuvo un encuentro con la expresidenta. El premio Nobel de la Paz calificó el fallo judicial como “una decisión arbitraria que daña la institucionalidad democrática” y advirtió sobre la situación de “indefensión” que atraviesa gran parte de la población frente a las políticas actuales. “Cristina fue clara: este modelo económico nos conduce al colapso. Por eso es imprescindible que el peronismo permanezca unido”, sostuvo.
Por su parte, Carlos Pisoni, referente de H.I.J.O.S., denunció que la sentencia judicial responde a intereses corporativos y no a la verdad ni la justicia. “Nos movilizamos no solo por Cristina, sino por la democracia. Queremos una justicia que no se arrodille ante el poder económico”, señaló.
Eduardo Tavani, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, remarcó que la condena “rompe el pacto democrático que la sociedad argentina sostuvo durante 40 años”. En su visión, la persecución judicial a Cristina Fernández se transforma en un símbolo del deterioro institucional que pone en riesgo las garantías ciudadanas.
En un comunicado conjunto, diez organizaciones de derechos humanos —incluyendo APDH, Familiares de Detenidos por Razones Políticas, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otras— rechazaron la resolución de la Corte y convocaron a la sociedad a movilizarse de forma masiva y pacífica. En el texto, expresaron que la expresidenta “fue víctima de un proceso plagado de irregularidades, sin garantías constitucionales ni justicia imparcial”.
El respaldo de estas agrupaciones históricas no se limita a un nombre propio: se convierte en un grito colectivo por la defensa del Estado de Derecho, de la memoria y de la democracia en tiempos de incertidumbre política y social.
