Miles de personas en distintas ciudades del país se movilizaron para exigir respuestas ante la profunda crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad. La protesta, que tuvo su epicentro frente al Congreso Nacional, reunió a profesionales de la salud, docentes, transportistas, pacientes y familiares que denunciaron el deterioro de las condiciones laborales, la falta de financiamiento y la paralización de los servicios educativos, terapéuticos y de rehabilitación.

El reclamo principal fue que se declare la emergencia en el sector y se actualicen los aranceles que paga el Estado y las obras sociales por las prestaciones vinculadas a la discapacidad. Estas tarifas están congeladas desde octubre del año pasado, lo que ha generado una situación insostenible para las instituciones y trabajadores. A causa de esta desactualización, muchos profesionales no han cobrado sus honorarios durante meses y las entidades que brindan asistencia se enfrentan al riesgo inminente de cerrar sus puertas.

Eliana, una psicopedagoga que trabaja en una escuela especial en Temperley, relató que no recibe ningún pago desde febrero. El centro donde se desempeña atiende a unos 70 estudiantes con autismo, discapacidad intelectual y Síndrome de Down. “Estamos al borde del colapso, no sabemos cómo seguimos. Lo hacemos por compromiso con los chicos”, expresó.

La protesta también se replicó en Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Salta, generando una paralización tácita de servicios en todo el país. Los manifestantes llevaron pancartas con consignas como “La discapacidad no es un gasto, es un derecho” y “A la crueldad hay que ponerle un límite”.

En el Congreso, la oposición impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia y actualizar los valores de las prestaciones. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), los valores actuales de los servicios han perdido más del 50% de su poder adquisitivo respecto a 2017, lo que ha desfinanciado al sistema en su conjunto.

El oficialismo, en cambio, argumenta que no hay fondos disponibles. El director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, calificó el proyecto como “irresponsable”, alegando que implicaría un gasto mensual difícil de afrontar. Sin embargo, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso desmintió esa versión: el costo total para este año equivaldría apenas al 0,03% del PBI, una cifra que podría cubrirse reasignando partidas presupuestarias existentes.

A pesar de ello, desde el Poder Ejecutivo ya adelantaron que podrían vetar la iniciativa en caso de que se convierta en ley, como ha sucedido anteriormente con otros proyectos relacionados con el financiamiento educativo y las jubilaciones.