La Cámara de Diputados se prepara para tratar la próxima semana un proyecto de ley que declara la emergencia en materia de discapacidad, en medio de una creciente tensión con el Gobierno nacional, que se opone a la iniciativa por razones fiscales. La propuesta, respaldada por un amplio espectro de bloques parlamentarios, cuenta con dictámenes favorables de tres comisiones y será debatida en conjunto con otro tema pendiente: el aumento a jubilados.
El proyecto, impulsado por el legislador Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Incluye también la actualización de aranceles a prestadores, congelados desde hace más de un año, situación que generó esta semana un paro de tres días por parte de trabajadores del sector.
Pese a la oposición del oficialismo, que se escuda en la política de “déficit cero”, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) emitió un informe técnico que relativiza el impacto fiscal de la medida. Según sus estimaciones, el costo total rondaría entre el 0,22 y el 0,42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), dependiendo del escenario de implementación. La compensación extraordinaria a prestadores implicaría un 0,03 por ciento del PIB, y la actualización para talleres protegidos representaría apenas el 0,0008 por ciento.
“Lo que hizo el Gobierno fue congelar los aranceles y el nomenclador, y eso, en la práctica, representa una deuda con los trabajadores del sector”, afirmó Arroyo, quien además recordó que debieron forzar a la Comisión de Presupuesto a debatir el proyecto, obteniendo 126 votos a favor para su tratamiento. El presidente de dicha comisión, José Luis Espert, no participó de la discusión y sostiene la misma postura que el Ejecutivo.
La preocupación por la desatención estatal hacia este colectivo crece. Este lunes se difundirá una denuncia internacional presentada por organizaciones de derechos humanos y entidades de defensa de personas con discapacidad ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). El reclamo apunta al incumplimiento de un derecho consagrado constitucionalmente, y que, según los denunciantes, ha sido vulnerado por el Estado argentino bajo la actual gestión.
Ana Dones, secretaria general de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (Redi), advirtió sobre las consecuencias concretas del desfinanciamiento. “Un chico en silla de ruedas que no tiene transporte adaptado, no puede ir a rehabilitación ni a la escuela, y su familia no lo puede pagar. Ese es el nivel de abandono”, remarcó. Su mayor temor, sin embargo, no es la votación en Diputados o el Senado, sino un posible veto presidencial: “Milei lo puede vetar por una cuestión presupuestaria, aunque el impacto es mínimo”.
Las organizaciones continúan su lucha y no descartan nuevas acciones si el proyecto es bloqueado. La sesión de la semana próxima será clave no sólo para la política parlamentaria, sino para miles de personas que dependen del Estado para acceder a derechos fundamentales.
