La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los nuevos parámetros que regirán desde el año próximo para el control de operaciones financieras, entre ellas los depósitos a plazo fijo. Esta actualización forma parte de un paquete de medidas orientadas a reducir la carga informativa para los contribuyentes y a fomentar la formalización de activos.

En su anuncio, el titular del organismo, Juan Alberto Pazo, especificó los valores a partir de los cuales ARCA tendrá la potestad de intervenir o monitorear los movimientos de fondos. Para quienes poseen plazos fijos, se estableció que los individuos podrán manejar hasta $100 millones sin ser reportados, mientras que las empresas tendrán un límite más restrictivo, de $30 millones.

También se definieron los montos mínimos para otras operaciones financieras que requieran ser informadas: transferencias superiores a $50 millones y extracciones de efectivo mayores a $10 millones serán objeto de seguimiento por parte del organismo recaudador.

Junto a estos nuevos topes, ARCA resolvió eliminar varios regímenes de información que hasta ahora obligaban a los contribuyentes a notificar diversos tipos de transacciones. Quedan excluidas del reporte obligatorio las compras personales con medios electrónicos, como tarjetas o billeteras virtuales, la compraventa de autos usados, los pagos de expensas inferiores a $32.000, así como los consumos de servicios básicos. Tampoco será necesario declarar operaciones realizadas por escribanos a través del sistema CITI ni operaciones inmobiliarias que antes se registraban mediante el sistema COTI.

Con estas modificaciones, también se retira la exigencia de presentar declaraciones juradas para realizar operaciones que se encuentren dentro de los nuevos márgenes definidos. Esta medida implica un alivio burocrático para los usuarios del sistema financiero y busca incentivar la inclusión de fondos no declarados, ofreciendo facilidades para su regularización sin penalidades tributarias.

Desde el organismo señalaron que estas decisiones responden a la necesidad de hacer más eficiente el control fiscal, priorizando grandes operaciones y eliminando reportes de bajo riesgo. De este modo, se busca generar un entorno más amigable para los pequeños y medianos ahorristas, al tiempo que se fortalece la vigilancia sobre los movimientos financieros de mayor envergadura.