La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso de amparo ante la Justicia con el objetivo de que se declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Gobierno nacional, que introduce restricciones al derecho a huelga.

Desde la central obrera argumentaron que la normativa oficial impide el ejercicio efectivo de una herramienta legítima para los trabajadores: las medidas de fuerza. Según la CGT, el decreto modifica arbitrariamente los alcances de este derecho al incorporar nuevas actividades dentro del listado de “servicios esenciales”, lo que, en la práctica, limita la posibilidad de realizar paros en múltiples sectores.

El reclamo también denuncia que el DNU vulnera acuerdos internacionales ratificados por Argentina, como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que resguardan la libertad sindical y la negociación colectiva. Además, advierten que se está contradiciendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad.

La CGT considera que esta medida representa un avance peligroso sobre los derechos laborales y sindicales, y por eso exige que la Justicia actúe para frenar sus efectos.