En un contexto marcado por fuertes disputas entre el Gobierno, los empresarios y el sindicato de Comercio, el conflicto por la paritaria sigue tomando fuerza. La última jugada del Gobierno de Javier Milei busca revertir el acuerdo firmado entre el gremio y los empleadores, que contemplaba un aumento salarial del 9,6 por ciento. El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un nuevo llamado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, para intentar reducir el aumento a un 3 por ciento, alegando que no se debe permitir que este acuerdo sea un precedente para otras paritarias que incrementen aún más la inflación.

El sector empresario se encuentra dividido, con la Cámara de Comercio (CAC) confirmando su disposición a pagar el aumento, pese a la negativa del Gobierno a homologarlo. Sin embargo, los mayoristas e hipermercados se han mostrado reticentes a cumplir con el pago hasta que el Gobierno oficialice el acuerdo. Esta situación ha generado tensiones dentro del sector, especialmente tras la decisión del Gobierno de eliminar un beneficio que favorecía a las cámaras empresarias, lo que provocó el malestar de figuras clave como Natalio Mario Grinnman, presidente de la CAC.

A medida que la situación se complejiza, el Gobierno sigue presionando, insistiendo en que los aumentos salariales no deben superar la pauta inflacionaria. En una reciente conversación, Caputo subrayó que la CAC no puede firmar paritarias que los supermercados no puedan afrontar, dado que estos representan una parte significativa del total de los empleados registrados en el sector.

En este escenario, el gremio de Comercio, representado por la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), ha tomado acciones claras, entre ellas la divulgación pública del acuerdo firmado, que incluye una cláusula que garantiza el pago del aumento aún sin la homologación oficial. Además, el sindicato podría convocar a asambleas en los lugares de trabajo si los empresarios no cumplen con lo pactado.

Por otro lado, el trasfondo de esta disputa radica en el pedido del presidente Milei de limitar las subas salariales a un máximo del 1,8 por ciento. El acuerdo de Comercio, que culminó en un 9,6 por ciento de aumento, se ha convertido en un obstáculo para el Gobierno, que teme que este tipo de acuerdos inflacionen aún más la economía.