Un reciente informe reveló que los adultos mayores que perciben el haber mínimo destinan un 13,5% de sus ingresos mensuales al pago de servicios esenciales como luz, agua y gas. Esta cifra duplica el porcentaje registrado a fines de 2023, cuando ese gasto representaba apenas el 6,18%. El dato pone en evidencia la fuerte presión que ejercen las tarifas sobre los sectores más vulnerables, en un contexto de ajustes y pérdida del poder adquisitivo.
El estudio, elaborado por la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), señala que los incrementos más abruptos se concentraron en los primeros seis meses de gestión del actual gobierno, que impulsó una política de recorte de subsidios y actualizaciones tarifarias. A pesar de cierta moderación en la segunda mitad del período, los aumentos acumulados fueron notablemente superiores al ajuste que recibieron los ingresos previsionales.
El concepto de “pobreza energética”, incluido en el propio Decreto 465/2024 del Gobierno nacional, establece que una persona entra en situación de vulnerabilidad cuando destina más del 10% de sus ingresos al pago de servicios públicos. En ese marco, los casi 5 millones de jubilados que cobran la mínima hoy se encuentran por encima de ese umbral, sin haber recibido una respuesta efectiva por parte del Estado.
Los datos son contundentes: entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, el haber mínimo pasó de 105.712 a 296.481 pesos, un incremento del 180,46%. Sin embargo, el costo de los servicios básicos creció un 513,15% en el mismo período. Solo la boleta de electricidad subió un 898,8%, el gas natural aumentó un 374,08% y el agua potable junto con el servicio de cloacas trepó un 338,46%. Todo esto calculado sobre consumos mínimos y para usuarios de bajos ingresos.
Este desfasaje se traduce en una pérdida concreta de capacidad de compra. Luego de pagar los servicios, un jubilado mínimo conserva 256.456 pesos, mientras que la canasta básica total estimada por el Indec para una persona mayor de entre 61 y 75 años fue de 295.541 pesos en marzo de 2025. Aunque los meses no coincidan exactamente, el contraste da cuenta de que los ingresos disponibles no alcanzan para cubrir lo esencial.
En un contexto en el que el Estado evalúa ajustar aún más los parámetros de vulnerabilidad, según indica el mismo decreto, la cantidad de personas afectadas por la pobreza energética podría incluso incrementarse. El deterioro en la calidad de vida de los jubilados es evidente y plantea una urgencia que, hasta el momento, no ha sido atendida con medidas concretas.
