Cocaína en San Lorenzo: una ministra ausente y un decreto que abrió la puerta al narcotráfico
Por Mariano Borras.
El hallazgo de casi 500 kilos de cocaína en el buque MV Ceci, en el puerto de San Lorenzo, no solo expone un nuevo escándalo de narcotráfico internacional con epicentro en Argentina, sino que deja al descubierto una alarmante desprotección portuaria orquestada desde lo más alto del poder político nacional. A la cabeza, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien lejos de fortalecer los controles, firmó el decreto que desmanteló un mecanismo clave de prevención: los serenos de buque.
El decreto PEN 37/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y Bullrich, transformó en optativa la figura del sereno de buque, una pieza fundamental para controlar lo que entra y sale de las embarcaciones. Hasta entonces, su presencia era obligatoria durante las 24 horas que un barco permaneciera en puerto. Desde esa modificación, cientos de embarcaciones han operado sin este control básico, dejando la puerta abierta al contrabando y, como en este caso, al tráfico de estupefacientes.
¿Quién controla que no suban armas, droga o alcohol a un barco? Nadie. Porque la ministra decidió que cada naviera decida si quiere ser controlada o no.
La excusa del “equilibrio fiscal” para justificar esta desregulación no resiste análisis: el Estado no gasta un solo peso en los serenos, ya que sus sueldos son cubiertos por las empresas extranjeras. Aun así, se los dejó sin trabajo y sin indemnización. Hoy, más de 500 familias están en la calle, mientras el narcotráfico gana terreno por falta de control.
El delito de narcotráfico es un delito federal. Su prevención y represión no es responsabilidad de gobiernos provinciales o municipales, sino del Ministerio de Seguridad de la Nación, el mismo que ahora se muestra sorprendido ante un embarque de media tonelada de cocaína que se descubrió por casualidad, gracias a la alerta del capitán del buque, no por una operación de inteligencia federal.
Falló el Estado Nacional. Falló la ministra. Falló la seguridad.
No hay cámaras del lado del río en el puerto de San Lorenzo. No hay serenos. No hay inspecciones sistemáticas. Pero sí hay droga. ¿Casualidad o consecuencia directa de una política de seguridad que favorece la desregulación a toda costa?
Mientras tanto, la inseguridad crece en los barrios, los homicidios se disparan en Rosario, y las fuerzas de seguridad no parecen tener dirección ni estrategia más allá del marketing político. Pero la raíz de todo está acá: la droga entra al país porque el Gobierno Nacional lo permite, por acción u omisión.
Ya no alcanza con discursos encendidos ni con operativos televisados. La responsabilidad del narcotráfico es exclusivamente federal. Y si hoy entra droga por agua, por tierra o por aire, la única que debe responder es Patricia Bullrich.