Mientras avanza en el Congreso el debate sobre la reforma del régimen penal juvenil, la Iglesia Católica manifestó su fuerte oposición a la iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y titular de la Comisión de Pastoral Social, cuestionó con firmeza la orientación punitivista del proyecto: “Encerrar a un chico no resuelve la raíz del problema”, expresó.
El oficialismo impulsa esta reforma en la Cámara de Diputados con el respaldo de sectores de la UCR, el PRO, el MID y otros bloques aliados. La propuesta inicial del Poder Ejecutivo contemplaba la imputabilidad a partir de los 13 años, pero el texto consensuado fija ese umbral en los 14. La expectativa del oficialismo es obtener dictamen favorable en la reunión conjunta de comisiones prevista para este martes.
Ante este escenario, desde la Iglesia sostienen que la problemática de la delincuencia juvenil debe abordarse desde una perspectiva integral. “No creemos que lo penal sea la salida. Hay que generar espacios de recuperación y prevención, y no sólo pensar en el castigo”, señaló Braida en declaraciones a un medio nacional.
El obispo también expresó su preocupación por la falta de infraestructura adecuada para la detención de menores. Según remarcó, el sistema penitenciario argentino atraviesa múltiples falencias y está colapsado, por lo que encarcelar a adolescentes podría agravar aún más la situación. “Lo que estos chicos necesitan son oportunidades, no encierro”, afirmó.
Además, advirtió que ninguno de los proyectos actualmente en discusión contempla partidas presupuestarias específicas para la creación de centros de detención juvenil, lo que expone deficiencias estructurales en el enfoque legislativo.
En un mensaje dirigido al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Braida pidió que se abra el debate a la participación de todos los sectores sociales. “Es necesario tiempo, escucha y propuestas diversas para ir realmente a las causas del problema”, concluyó. También recalcó que esta posición no es exclusiva de la Iglesia, sino que es compartida por numerosas organizaciones sociales y comunitarias.
