Este miércoles se llevará a cabo una movilización frente al Congreso Nacional impulsada por instituciones, asociaciones de prestadores de servicios y centros de atención vinculados al ámbito de la discapacidad. El objetivo es respaldar el proyecto de ley que propone declarar la emergencia en este sector, iniciativa que será tratada en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
La propuesta legislativa, encabezada por el diputado Daniel Arroyo, del bloque Unión por la Patria, busca garantizar recursos específicos para sostener las políticas públicas orientadas a personas con discapacidad. En un contexto de recortes presupuestarios que podrían afectar a unas 400 mil pensiones por invalidez en el transcurso de este año, el proyecto adquiere un carácter urgente.
Las entidades convocantes expresaron que la normativa representa una herramienta clave para paliar los efectos del ajuste implementado por el actual gobierno nacional y al mismo tiempo, avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional.
Entre los puntos centrales del proyecto se destaca la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas —que actualmente presenta un retraso del 64 por ciento— y el financiamiento sostenido de programas de salud, accesibilidad, empleo y protección social gestionados por la Agencia Nacional de Discapacidad, fuertemente afectados por la actual política de recorte.
Durante la jornada, los manifestantes presentarán un petitorio a los integrantes de la Comisión, presidida por el diputado José Luis Espert, en el que también se solicita la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y el empleo, en función de principios inclusivos.
A pesar de que el oficialismo ha advertido que la aprobación de esta iniciativa implicaría un gasto mensual adicional de 150 millones de dólares, desde la oposición sostienen que es posible reasignar partidas sin afectar las cuentas públicas. “El Gobierno ya lo ha hecho en múltiples ocasiones, manejando discrecionalmente recursos bajo un presupuesto prorrogado de 2023”, señaló Arroyo.
Además, el legislador denunció que trabajadores de talleres protegidos están cobrando apenas 28 mil pesos mensuales, con haberes adeudados desde enero. Esta situación fue reconocida por el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, en su reciente presentación ante Diputados.
Las organizaciones remarcaron que la aprobación del proyecto sería un paso fundamental en la lucha por el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
