A diez días de la violenta represión en la movilización en defensa de los jubilados y jubiladas, no hay un solo juez que investigue las responsabilidades por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. El caso del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, sigue sin asignación judicial, al igual que la agresión a la jubilada Beatriz Blanco, de 81 años, quien fue derribada por un efectivo policial y sufrió un traumatismo.

El expediente judicial ya pasó por cuatro juzgados sin que se definiera quién debe investigarlo. Este viernes, la jueza María Servini generó un conflicto de competencia que ahora deberá resolver la Cámara Federal. Mientras tanto, la familia de Grillo, con el apoyo de organismos de derechos humanos, presentó una querella para exigir justicia y aportar pruebas que identifican al responsable del disparo.

Fabián Grillo, padre del fotoperiodista, expresó su indignación frente al hospital donde su hijo sigue internado en estado crítico. «Le vamos a hablar al Gobierno en forma jurídica. Es el mejor diálogo que podemos tener con esta gente», afirmó. La rueda de prensa en la que realizó estas declaraciones también sirvió para desmentir al vocero presidencial, quien había asegurado que la comunicación con la familia estaba rota. «Nosotros no cortamos el diálogo porque nunca existió», sostuvo Grillo.

El caso ha sido marcado por la confusión judicial. La Procuraduría de Violencia Institucional, la Comisión Provincial por la Memoria y otros actores presentaron denuncias, pero los expedientes fueron sorteados y devueltos entre distintos juzgados sin avances concretos. La querella presentada por la familia del fotoperiodista no solo busca que se determine la responsabilidad del agente que disparó, sino también la de los funcionarios que ordenaron el operativo represivo.

La abogada Paula Litvachky, del CELS, subrayó la urgencia de destrabar la causa: «Es clave que se investigue tanto al responsable del disparo como a quienes dieron las órdenes en un operativo brutal». La presentación judicial apunta a la cúpula del Ministerio de Seguridad y a jefes de Gendarmería, mientras que la familia y los organismos de derechos humanos exigen que se establezca la responsabilidad en toda la cadena de mando.

La violencia institucional en la protesta del 12 de marzo dejó un saldo de más de un centenar de heridos y 114 detenidos. Las denuncias indican que las fuerzas de seguridad actuaron con un despliegue desproporcionado, atacando a manifestantes y trabajadores de prensa sin provocación alguna. La ausencia de una investigación judicial a diez días de los hechos refuerza la preocupación de que estos actos queden impunes.