La presencia de los jefes de la SIDE en la planificación del operativo para la marcha de los jubilados generó fuertes críticas de la oposición, que los acusa de violar la ley 25.520 de Inteligencia.

En la Casa Rosada, los preparativos para la movilización de los jubilados se llevaron a cabo con un clima de máxima tensión. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó una reunión clave junto al asesor presidencial Santiago Caputo, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sin embargo, la controversia surgió cuando se sumaron a la reunión el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz.

Desde la oposición denunciaron que la participación de los jefes de la SIDE en la organización del operativo constituye una violación de la ley 25.520 de Inteligencia, que prohíbe la injerencia de estos organismos en tareas represivas o de vigilancia sobre ciudadanos por su filiación política o social. La situación se agrava al considerar que esta no es la primera vez que los responsables de inteligencia participan en reuniones de seguridad: la semana pasada también estuvieron presentes en un encuentro en el Ministerio de Seguridad.

El operativo diseñado por el gobierno buscará frenar a los manifestantes antes de su ingreso a la Ciudad de Buenos Aires. Mogetta justificó su participación en la reunión al señalar que su rol es coordinar el control en los accesos, luego de que desde el oficialismo se insistiera en que la movilización cuenta con la participación de «barrabravas y violentos». Tanto el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como el de La Matanza, Fernando Espinoza, desmintieron estas acusaciones, pero el gobierno ratificó su estrategia y desplegará operativos en los ingresos a la Capital.

Las fuerzas de seguridad mantendrán el mismo armamento utilizado en la jornada anterior, pese a las denuncias por el uso de pistolas lanza gases, con las que resultó gravemente herido el fotoperiodista Pablo Grillo. El diputado Juan Marino presentó un habeas corpus preventivo para impedir que se empleen nuevamente estas armas, pero en la Casa Rosada no han dado señales de atender a este reclamo ni a los planteos de organismos de derechos humanos.

Desde la oposición también alertaron sobre la posibilidad de que el gobierno esté llevando a cabo espionaje ilegal. Las sospechas aumentaron luego de que, tras la represión de la semana pasada, Bullrich asegurara públicamente que Grillo tenía vinculación con el municipio de Lanús y lo calificara de «kirchnerista», lo que abre interrogantes sobre la existencia de bases clandestinas con información de carácter político y laboral de los manifestantes.

Los cuestionamientos llegaron al Congreso, donde integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia solicitaron la citación de Bullrich, Neiffert, Kravetz y el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer, para que expliquen su participación en estas reuniones. Legisladores opositores sostienen que el gobierno está utilizando la SIDE para tareas represivas, en contradicción con la normativa vigente.

En paralelo, mientras la ministra de Seguridad dirigía el operativo frente al Congreso la semana pasada, el presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia para ampliar el presupuesto de la SIDE en 7.000 millones de pesos, con 1.650 millones destinados a fondos reservados. La medida se suma a la preocupación de sectores políticos y organizaciones de derechos humanos que advierten sobre el riesgo de un uso discrecional de la inteligencia estatal para fines políticos.