El oficialismo insiste con el uso de la fuerza y refuerza su discurso contra las movilizaciones

La violenta represión ejercida durante la última protesta frente al Congreso no frenó a los manifestantes, que volverán a las calles con mayor convocatoria. Desde el Gobierno, lejos de retroceder, redoblan la apuesta con nuevas amenazas. «Estamos preparados para lo que venga», afirman desde Casa Rosada, anticipando un operativo aún más agresivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuenta con el respaldo total del presidente Javier Milei para avanzar con una nueva jornada de represión el próximo miércoles. La movilización, que busca denunciar la violencia estatal y exigir justicia por el fotoperiodista Pablo Grillo, quien sigue en estado crítico tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno, se espera que sea aún más masiva y diversa.

Desde el oficialismo, aseguran que habrá un «ajuste táctico» en el accionar de las fuerzas de seguridad, pero sin modificar la estrategia represiva. De hecho, insisten en que el operativo incluirá “varias sorpresas” y que se volverán a utilizar las mismas armas que dejaron heridos graves la semana pasada.

En paralelo, Bullrich impulsará un proyecto de «Ley Antibarras», pese a que en la última protesta no se registró la presencia de estos grupos entre los más de 100 detenidos. Mientras tanto, sindicatos y movimientos sociales suman su apoyo a la convocatoria, confiando en que una asistencia masiva pueda frenar la violencia oficial.

El endurecimiento del discurso gubernamental quedó evidenciado en recientes declaraciones de la ministra, quien defendió el accionar policial y anunció «recompensas» para ciudadanos que envíen imágenes de manifestantes, con la intención de judicializar la protesta. Además, acusó sin pruebas a sectores opositores de querer “convertir los miércoles en un día del horror” y vinculó las manifestaciones con la «narcopolítica».

El viernes, en un encuentro con las cúpulas de seguridad, Bullrich ratificó que el operativo del miércoles contará con la misma estrategia represiva. En esa reunión, también participaron funcionarios de inteligencia, lo que refuerza la hipótesis de un seguimiento político de los manifestantes.

El presidente Milei, lejos de condenar los hechos de violencia ocurridos, felicitó a la ministra y reiteró su intención de mantener la política de mano dura. Además, firmó un decreto para ampliar el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia en 7.000 millones de pesos, de los cuales 1.650 millones serán fondos reservados.

La creciente tensión social se suma a un escenario político complicado, donde el oficialismo busca la aprobación del decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente, mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) evalúa la posibilidad de un paro general en las próximas semanas.

Desde el Gobierno insisten en que las manifestaciones buscan desestabilizar la gestión y aseguran que la represión es la única respuesta posible. La estrategia, según analistas, apunta a evitar una situación similar a la vivida en 2017, cuando la represión de las protestas contra la reforma previsional marcó el declive del entonces presidente Mauricio Macri.