Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei en las que pidió la renuncia del gobernador Axel Kicillof y amenazó con intervenir la provincia de Buenos Aires generaron un amplio rechazo en la oposición. Diversos dirigentes manifestaron su repudio a través de redes sociales, cuestionando la postura del mandatario y señalando el impacto de sus decisiones en la seguridad y la gestión provincial.
Una de las primeras en responder fue la diputada Victoria Tolosa Paz, quien utilizó su cuenta en X para criticar duramente a Milei. Refiriéndose a sus declaraciones sobre un «baño de sangre» en la provincia, la legisladora replicó: «La sangre es suya, Milei». Además, le exigió al jefe de Estado que asuma sus responsabilidades y devuelva los 750 mil millones de pesos del Fondo para la Seguridad que fueron recortados, asegurando que con esos recursos se podrían concluir las cárceles y alcaldías en construcción en territorio bonaerense.
Tolosa Paz también recordó la polémica vinculada a la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente, y concluyó con una fuerte crítica: «Ya lo conocimos como estafador; ahora resulta que también es destituyente. Le digo, con respeto, no se puede ser tan canalla para utilizar el dolor. Deje el Twitter y empiece a gobernar, Milei».
Por su parte, el presidente del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, advirtió que el mensaje del mandatario no solo atenta contra Kicillof, sino contra todos los gobernadores y el federalismo. «Es una proclama anti federal, con pedidos de renuncia y amenazas de intervención», expresó.
A las críticas se sumó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien calificó a Milei de «estafador» y lo acusó de manipular el dolor de la ciudadanía con fines políticos. Además, denunció que el recorte de 750 mil millones de pesos destinados a la seguridad bonaerense responde a la necesidad de sostener la estrategia financiera del gobierno junto al ministro de Economía, Luis Caputo.
El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el provincial se intensifica en un contexto de creciente tensión política, mientras desde la oposición exigen respuestas concretas en materia de seguridad y administración de recursos.