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Preocupación en el sector de la salud por el cierre del programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer

El Gobierno tomó la decisión de desmantelar el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, una medida que ha generado preocupación en la comunidad médica y entre los pacientes que dependen de estos tratamientos. La médica especialista en la materia, Mariana Pechenik, advirtió sobre las graves consecuencias de esta decisión y señaló que, sin este servicio, muchos enfermos oncológicos quedarán sin acceso a atención especializada ni a alivio del dolor.

A través de sus redes sociales, Pechenik expresó su inquietud y lamentó la eliminación de este programa, destacando su importancia en la formación de profesionales de la salud, así como en la provisión de medicamentos esenciales como la morfina y la metadona a nivel nacional. Según explicó, el Instituto Nacional del Cáncer cumplía un rol fundamental en la capacitación de equipos interdisciplinarios mediante becas y cursos, además de brindar apoyo a las provincias con menos recursos.

La especialista señaló que los recortes dispuestos por la administración actual no solo impactan en la formación y asistencia médica, sino que también han llevado a la suspensión de la compra de opioides, imprescindibles para el tratamiento del dolor en pacientes con cáncer avanzado. Además, denunció que seis de los ocho miembros del equipo del programa fueron despedidos, lo que profundiza la crisis en el acceso a estos cuidados.

En este contexto, Pechenik alertó que la eliminación del programa provocará un aumento en la prevalencia del cáncer sin un tratamiento paliativo adecuado, lo que significará un incremento del sufrimiento de los pacientes. También resaltó que, antes de esta medida, tanto el Instituto Nacional del Cáncer como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos trabajaban para mejorar la respuesta del sistema de salud en esta área, reduciendo las brechas en la atención.

Finalmente, la médica calificó la decisión como un grave retroceso en materia de derechos humanos y un golpe para quienes luchan por mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos en Argentina.

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