El reciente decreto firmado por el presidente Javier Milei, que convierte al Banco Nación en sociedad anónima, ha generado un fuerte debate en diversos sectores del país. La medida, que fue publicada pocas horas antes del viaje del mandatario a Estados Unidos, despertó cuestionamientos desde ámbitos económicos, productivos y sindicales, que la consideran un paso previo a la privatización de la entidad financiera más representativa del país.
La decisión del Ejecutivo se da en un contexto en el que la agenda pública está marcada por las denuncias vinculadas a la criptomoneda $Libra, lo que llevó al Gobierno a implementar diversas estrategias para desviar el foco del debate. En este marco, se anunció la conversión del Banco Nación en sociedad anónima, una iniciativa que desató un aluvión de críticas.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió a defender la decisión en redes sociales, argumentando que la reforma permitirá una mayor transparencia y mejorará el gobierno corporativo de la entidad. Según explicó, el nuevo marco legal elimina privilegios que habían sido establecidos en la normativa anterior, como la obligatoriedad de que los depósitos judiciales fueran gestionados exclusivamente por el Banco Nación.
El decreto 116/25 establece que el Banco Nación operará como sociedad anónima, aunque el Estado continuará manteniendo la mayor parte del capital accionario. Según la disposición, el 99,9% de las acciones quedará en manos del Estado Nacional, bajo administración del Ministerio de Economía, mientras que el 0,1% será propiedad de la Fundación Banco de la Nación Argentina.
Desde el sector productivo se manifestaron en contra de la medida. La Federación Agraria Argentina emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la decisión y destacó el rol fundamental del Banco Nación en el desarrollo del sector agropecuario y de las economías regionales. La entidad subrayó que la institución bancaria mantiene presencia en localidades donde no operan bancos privados, lo que la convierte en un pilar esencial para la actividad productiva.
En contraste, otras organizaciones como la Sociedad Rural Argentina y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) adoptaron una postura más moderada. Si bien señalaron que la transformación del Banco Nación no es un problema en sí misma, advirtieron que la entidad deberá garantizar el acceso a líneas de crédito accesibles para el sector agropecuario, hoy prácticamente inexistentes.
Desde el ámbito político también hubo reacciones. La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, criticó la medida y la comparó con las privatizaciones de los años ‘90, aunque destacó que aquellas se realizaron con un marco más estructurado.
Por otro lado, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) convocó a diferentes sectores productivos y sociales a exigir que el Congreso y la Justicia intervengan para garantizar que el Gobierno no avance en decisiones que puedan afectar el interés público.
La resolución gubernamental incluye la aprobación de un nuevo estatuto para la entidad y ordena al Directorio del Banco Nación llevar adelante los trámites necesarios para concretar la conversión. Una vez completado el proceso, la Carta Orgánica del banco quedará sin efecto, lo que marcará un cambio estructural en la historia de la institución.