En una nueva embestida contra la libertad de expresión, el Ministerio de Justicia del gobierno de Javier Milei presentó una medida cautelar para impedir la presentación del libro Lanzallamas, del filósofo Rocco Carbone. El evento estaba programado para este viernes en el Faro de la Memoria, en Mar del Plata, pero el oficialismo decidió frenarlo con un argumento que despierta fuertes cuestionamientos.
La justificación oficial roza lo absurdo: “En línea con la decisión del Presidente de despolitizar los edificios públicos, presentamos una medida cautelar para suspenderlo. Esta persona, autor también de otros textos como De Hitler a Milei, tiene total libertad para seguir difundiendo sus ideas, pero no con la plata del Estado”. Es decir, el Estado solo protege la libre expresión cuando es afín a los intereses del gobierno de turno, una postura que contradice los principios más básicos de la democracia.
Este intento de censura no solo atenta contra la libertad de pensamiento, sino que también refleja una peligrosa confusión entre gobierno y Estado, como si fueran una misma entidad. La situación recuerda las monarquías absolutistas de siglos pasados, donde el rey se consideraba dueño del país y sus instituciones. La frase “El Estado soy yo”, atribuida a Luis XIV de Francia, parece cobrar vigencia en un contexto donde la administración actual pretende decidir qué discursos pueden difundirse y cuáles deben ser silenciados.
La medida generó un fuerte repudio en distintos sectores de la sociedad, que advierten sobre el avance de un gobierno que parece estar más interesado en silenciar voces críticas que en garantizar el derecho a la libre expresión. La censura es inadmisible en un país democrático, y lo sucedido con Lanzallamas no es un hecho aislado, sino un síntoma de un preocupante retroceso en términos de derechos y libertades.