Patricia Bullrich y un proyecto de ley que no impacta en los mercados criminales
Un grupo de magistrados de toda América ha lanzado una dura advertencia sobre el proyecto de ley «antimafia» impulsado por el oficialismo, asegurando que su implementación podría significar un peligroso retroceso en materia de derechos constitucionales. Lejos de atacar a los verdaderos cabecillas del crimen organizado, la norma se enfoca en los barrios pobres y permite allanamientos y detenciones sin orden judicial.
La representación argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) ha solicitado formalmente al Senado que rechace el proyecto, argumentando que sus disposiciones habilitan un estado de excepción sin los controles que establece la Constitución Nacional. Policías y fiscales podrían detener personas y allanar domicilios sin autorización de un juez, bajo el pretexto de combatir la criminalidad organizada. Sin embargo, expertos advierten que la norma no solo deja fuera del radar a los verdaderos actores mafiosos, sino que también excluye el financiamiento del crimen organizado, una pieza clave en la lucha contra estas redes ilícitas.
Incluso un juez de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta, alertó al Congreso sobre los peligros de la ley, señalando que «se omiten delitos económicos y financieros», lo que pone en evidencia que el objetivo de la normativa parece estar más alineado con la persecución de sectores vulnerables que con la desarticulación de estructuras delictivas.
La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contempla la creación de «zonas de investigación especial», donde se suspenderían derechos y garantías constitucionales sin necesidad de una declaración formal de estado de sitio por parte del Congreso. La norma amplía el delito de asociación ilícita y lo extiende a una lista de delitos que incluyen desde narcotráfico y lavado de dinero hasta corrupción, trata de personas y grooming. No obstante, uno de los aspectos más cuestionados es el uso del término «verosímilmente», que permitiría una interpretación amplia y discrecional, abriendo la puerta a abusos y arbitrariedades.
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han denunciado que el criterio para definir qué es una «organización criminal» está deliberadamente diseñado para focalizar la intervención en barrios humildes, ignorando el papel de funcionarios, policías y empresarios que facilitan y financian el crimen.
Para Copaju, esta ley es un peligroso intento de legitimar la persecución de sectores desfavorecidos bajo el argumento de la seguridad, en un contexto donde la crisis económica y social ya castiga a los más vulnerables. El Senado tiene ahora la responsabilidad de frenar un proyecto que, según expertos, abre las puertas a un régimen de represión sin precedentes en la democracia argentina.