El descontento entre los gendarmes autoconvocados crece ante los aumentos salariales otorgados por el Gobierno, considerados insuficientes para afrontar el costo de vida. A través de grupos de mensajería y comunicados, los efectivos expresan su malestar y analizan realizar protestas en distintos puntos del país. Además, enviaron una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para manifestar sus reclamos.
Los uniformados cuestionan los incrementos salariales anunciados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que contemplan subas del 1,6% en enero, 1,2% en febrero y un 5% en marzo. Según argumentan, estos porcentajes están muy por debajo de la inflación y no cubren los gastos básicos, especialmente para aquellos que son trasladados a ciudades como Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, donde los alquileres resultan impagables con sus ingresos.
En los chats internos, los mensajes de indignación abundan. Algunos efectivos aseguran que deben recurrir a trabajos adicionales como repartidores o conductores de transporte para llegar a fin de mes. Otros plantean la posibilidad de presentar carpetas médicas psiquiátricas en señal de protesta. Lo que no se cuestiona es la función represiva de la fuerza, sino la necesidad de contar con mejores sueldos para llevarla adelante.
Las protestas se convocaron en lugares estratégicos como el Monumento a la Bandera en Rosario, el Edificio Centinela en Buenos Aires, y plazas públicas en Jujuy, Córdoba y Salta. Sin embargo, el avance de un operativo de inteligencia y la amenaza de sanciones disciplinarias por parte de Bullrich podrían frenar las manifestaciones. En las últimas horas, se filtró un formulario en el que se exige a los gendarmes delatar a compañeros que apoyen los reclamos salariales, lo que ha generado temor dentro de la fuerza.
Según fuentes internas, un 45% de los gendarmes han solicitado la baja o presentado carpetas psiquiátricas, alegando condiciones de trabajo insostenibles. Entre las principales quejas, destacan las largas jornadas laborales de hasta 24 horas, la falta de garantías para acceder a alquileres y la ausencia de preparación para intervenir en zonas de alto riesgo como Rosario.
Los aumentos salariales reflejados en el Boletín Oficial tampoco han calmado el malestar. Un subalférez, grado medio dentro de la fuerza, percibió 834.000 pesos en enero, 844.000 en febrero y recibirá 886.000 en marzo, cifras que los efectivos consideran insuficientes tras los descuentos de obra social y seguros obligatorios.
El conflicto pone en evidencia una crisis interna dentro de la Gendarmería. Aunque los efectivos se muestran alineados con el Gobierno, muchos cuestionan la falta de reconocimiento económico a su rol en la represión de protestas. El descontento sigue latente, y el futuro de las movilizaciones aún es incierto.