Los incendios forestales han arrasado vastas extensiones de territorio en Argentina, afectando principalmente a las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Corrientes. Más de 45 mil hectáreas han sido consumidas por las llamas, mientras el Estado nacional redujo drásticamente el presupuesto destinado a la prevención y lucha contra el fuego.

Pese al aumento de la incidencia de incendios, el gobierno utilizó solo el 30% del presupuesto asignado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y además redujo las horas de vuelo de las aeronaves destinadas a combatir estos desastres. De las 5.100 horas de operación previstas, solo se ejecutaron 3.100, lo que evidencia una disminución en la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

El presidente Javier Milei ha manifestado abiertamente su rechazo a la agenda ambientalista, calificándola de «fraude», y ha minimizado la importancia de la inversión en políticas públicas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático. Su administración decidió transferir los helicópteros destinados a la lucha contra incendios a Ucrania, en el marco de su alineamiento con el gobierno de Volodímir Zelenski en la guerra contra Rusia.

Mientras tanto, el desastre ambiental avanza sin freno. En El Bolsón, un hombre de 83 años, Ángel Reyes, falleció intentando salvar su hogar de las llamas. En Corrientes, la maestra Cindia Mendoza, directora de una escuela rural, perdió la vida en circunstancias similares. La devastación no solo afecta los bosques y ecosistemas, sino que también impacta a miles de familias que han perdido viviendas, cultivos y ganado, quedando en una situación de total vulnerabilidad.

La falta de respuesta nacional obligó a los gobiernos provinciales a actuar con recursos propios. Desde Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof envió brigadistas y equipamiento a Río Negro en un intento de contener la emergencia, aunque estos esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del desastre.

El desmantelamiento del sistema de manejo del fuego se suma a otras decisiones gubernamentales que han generado controversia, como la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud y el anuncio del retiro del Acuerdo de París. Estas posturas reflejan la visión del Ejecutivo, que considera el cambio climático y la salud pública como problemáticas secundarias, incluso cuando las consecuencias de la crisis ambiental se tornan cada vez más evidentes.

A pesar de las críticas, la administración de Milei mantiene su postura inalterable. Mientras el país enfrenta incendios incontrolables y la población sufre las pérdidas, el gobierno persiste en su estrategia de recortes y minimización de la crisis climática.