El sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) alcanzó un acuerdo con el Gobierno para una actualización salarial de los empleados públicos nacionales. La recomposición pactada establece un incremento del 1,5% para enero y un 1,2% para febrero, cifras que se enmarcan en la estrategia oficial para contener el gasto público. Sin embargo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su rechazo a la propuesta y anunció medidas de protesta.

La negociación se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero. Este encuentro se realizó luego del cuarto intermedio dispuesto a finales de 2023, cuando no se logró consenso entre las partes. UPCN, liderado por Andrés Rodríguez, firmó el acuerdo, consolidando su postura en línea con el Ejecutivo.

Desde ATE, su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó el resultado de la paritaria, al considerar que los incrementos pactados no compensan el impacto de la inflación. «Esta paritaria no solo no mejora la situación, sino que la empeora. Se profundiza la crisis de ingresos en el sector público», señaló el dirigente.

El sindicato disidente había advertido con antelación que no aceptaría un techo salarial y denunció que, mientras la paritaria 2024 acumuló una suba del 73,3%, la inflación alcanzó el 117,8%, generando una fuerte pérdida del poder adquisitivo. En este contexto, ATE confirmó que continuará con movilizaciones y reclamos para exigir una recomposición salarial acorde a la realidad económica del país.

Por otro lado, el acuerdo con UPCN también contempla un incremento en el pago por presentismo, que pasará de 30.000 a 50.000 pesos. Este beneficio se enmarca dentro de la paritaria vigente desde junio de 2023 y con continuidad hasta junio de 2025, alcanzando hasta el momento un acumulado del 16,22%.

Desde ATE alertaron sobre la posibilidad de una escalada en el conflicto gremial, especialmente ante la eventual implementación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que podría habilitar el cierre y la fusión de organismos estatales, en línea con las facultades delegadas por el Congreso en la Ley Bases. En respuesta a este escenario, la organización sindical declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todos los ministerios y prevé la convocatoria a un plenario federal para definir nuevas medidas de fuerza en el corto plazo.