Un informe del Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano» reveló que durante el primer mes de 2025 se registraron 28 femicidios en el país, lo que equivale a una muerte cada 26 horas. Mientras tanto, el Gobierno evalúa la eliminación de esta figura jurídica del Código Penal, generando preocupación en organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad.

El relevamiento indicó que el 60% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 70% de los asesinatos ocurrieron dentro del hogar de la mujer. Estos datos refuerzan la idea de que el espacio doméstico sigue siendo el ámbito más peligroso para quienes sufren violencia de género.

El informe también destacó que 27 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos tras estos crímenes, de los cuales el 49% son menores de edad. Además, en cinco casos existían denuncias previas contra los agresores, dos de ellos tenían medidas cautelares dictadas en su contra, y cuatro de los femicidas eran o habían sido integrantes de fuerzas de seguridad.

En cuanto a la distribución geográfica de los casos, la provincia de Buenos Aires encabeza la lista con el mayor número de femicidios, seguida por Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2008, La Casa del Encuentro realiza un seguimiento de los femicidios en el país y sus estadísticas han sido fundamentales para la elaboración de políticas públicas en materia de prevención y protección. Sin embargo, ante la posibilidad de que el Gobierno elimine la figura del femicidio del Código Penal, organizaciones sociales advierten que esta decisión podría representar un retroceso en la lucha contra la violencia de género.

El debate sobre la eliminación del femicidio se intensificó luego de que el presidente Javier Milei, en su discurso en el Foro de Davos, pusiera en duda la necesidad de diferenciar estos crímenes y asegurara que «la vida de un hombre y la de una mujer deben valer lo mismo ante la ley». El ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona, respaldó sus declaraciones y ratificó la intención de derogar esta figura legal.

Frente a estas declaraciones, el rechazo social fue inmediato. Diversos sectores de la sociedad expresaron su repudio y, tras las advertencias de expertos sobre los posibles efectos legales de la medida, el Gobierno pareció dar marcha atrás momentáneamente. No obstante, fuentes oficiales indicaron que la agenda del Ejecutivo sigue orientada a eliminar lo que denominan «discriminación positiva», lo que incluiría la modificación del Código Penal en este sentido.

Las cifras de enero muestran una realidad alarmante, que contrasta con las decisiones que pretende tomar el Gobierno. Mientras tanto, organizaciones y activistas continúan alertando sobre la necesidad de mantener y reforzar herramientas legales que protejan a las mujeres en situación de violencia.