El debate sobre las políticas migratorias en Argentina se intensifica mientras el Gobierno avanza con una propuesta que apunta a modificar la legislación vigente. Entre los principales puntos se encuentran la imposición de aranceles a estudiantes extranjeros no residentes y un enfoque más restrictivo para la entrega de nacionalidades.
De acuerdo con datos recientes, Argentina alberga a 1.933.463 extranjeros, lo que equivale al 4,2% de su población total. La provincia de Buenos Aires se posiciona como la región con mayor presencia de migrantes, al concentrar el 51,4% del total de extranjeros que residen en el país.
Por otro lado, en 2023 se contabilizaron 29.821.467 movimientos migratorios, destacándose un flujo superior de ingresos en comparación con los egresos. Estos números reflejan la constante dinámica migratoria del país, lo que, según expertos, motiva la discusión sobre posibles ajustes normativos.
La propuesta de reforma también incluye un nuevo esquema para los estudiantes extranjeros no residentes, quienes podrían verse obligados a abonar aranceles para acceder a la educación pública, hasta ahora gratuita y universal. Estas medidas generan polémica, ya que diversos sectores señalan que podrían impactar negativamente en las relaciones regionales y en la integración con los países vecinos.
Aunque desde el oficialismo defienden la necesidad de actualizar la ley para garantizar un manejo migratorio más eficiente, la oposición y organizaciones de derechos humanos advierten sobre las consecuencias de estas reformas, calificándolas como restrictivas y discriminatorias.