Una reciente encuesta impulsada desde el ámbito gubernamental ha despertado intensos debates debido a su contenido y enfoque, que parecen explorar los límites de la tolerancia de los argentinos hacia sistemas autoritarios. Este cuestionario, con un marcado tono libertario, aborda desde la valoración de la democracia hasta la percepción de figuras públicas y políticas.

Entre las preguntas que más han generado controversia destaca una que plantea directamente: “¿En qué país prefiere vivir?”. Las opciones ofrecidas son vivir en democracia, en un régimen autoritario con buenos resultados económicos, o no responder. Esta consulta ha suscitado críticas por parte de analistas y sectores políticos, quienes consideran que podría ser interpretada como un intento de legitimar medidas que debiliten las instituciones democráticas, en sintonía con las ideas defendidas por ciertos líderes internacionales admirados por el economista y político Javier Milei.

Otro apartado del cuestionario pone el foco en la relación de la población con los medios de comunicación, al incluir preguntas que miden el nivel de desconfianza hacia ellos. Llama especialmente la atención la inclusión de un ranking de periodistas más rechazados por la ciudadanía y un análisis de la desaprobación hacia jueces, diputados y senadores. Estos puntos reflejan una narrativa que, según expertos, busca erosionar la confianza en las instituciones y fortalecer discursos antipolíticos.

Además, un segmento específico de la encuesta está dedicado a evaluar la credibilidad de Daniel Parisini, conocido en redes sociales como el Gordo Dan. Este exmédico se ha convertido en un destacado referente del libertarismo en plataformas digitales. Según el cuestionario, su figura es comparada con la de periodistas tradicionales, destacándose su actividad en el medio Carajo, con el que mantiene una estrecha vinculación. Parisini, admirador declarado de Javier Milei, ha sido objeto de comentarios tanto por su discurso como por su estilo de vida, marcado por frecuentes viajes internacionales y una ostentación que no pasa desapercibida.

Aunque los resultados de la encuesta no han sido publicados, el Boletín Oficial confirmó que el Gobierno asignó sumas millonarias a 17 consultoras para realizar estudios de opinión pública. Este dato ha sumado un elemento más al debate, generando cuestionamientos sobre la prioridad de estas inversiones en el actual contexto económico.

Por otro lado, un informe del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires arroja luz sobre el trasfondo de estas polémicas. Según el análisis, los argentinos valoran con un promedio de 9,3 puntos a la democracia como sistema político, pero califican su desempeño actual con un 6,6. Esta diferencia evidencia un descontento generalizado con el funcionamiento de las instituciones, lo que podría explicar el enfoque atípico de esta encuesta y la atención que ha captado en la opinión pública.

La discusión en torno a este estudio de opinión refleja una creciente tensión en el debate político nacional, donde conceptos como democracia, autoritarismo y la relación con las instituciones tradicionales se colocan en el centro de la escena.