El gobierno nacional ha disuelto tres fondos fiduciarios esenciales para la promoción de políticas sociales en Argentina, lo que podría generar serias consecuencias en sectores clave como la agricultura familiar, la vivienda social y las comunicaciones en zonas aisladas. La decisión, establecida mediante el decreto 6/2025 publicado en el Boletín Oficial, tiene como justificación la reestructuración del Estado y la optimización de recursos, según explicaron los funcionarios del Ejecutivo.
Los fondos eliminados incluyen el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (Ffsu) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, las auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectaron irregularidades en su administración.
Agricultura familiar en riesgo
El Prodaf, creado en 2013, apoyaba a pequeños y medianos productores con tecnología, capacitación y acceso al crédito para mejorar su competitividad. Sin embargo, desde 2020 no se registraron desembolsos, lo que derivó en su cierre. Fabio Abile, ingeniero agrónomo de Río Negro, advirtió que la eliminación de esta herramienta crediticia impactará negativamente en las economías regionales, que sostienen el 70% de la producción alimentaria nacional.
Comunicaciones aisladas
El Ffsu, creado en 2014, permitía extender internet a regiones remotas a través de aportes de las empresas de telecomunicaciones. Gustavo López, exvicepresidente de Enacom, denunció que esta medida no solo paraliza proyectos en curso, sino que también condena al aislamiento a comunidades rurales, afectando a más de 5 millones de personas que habían accedido a internet gracias a esta iniciativa.
Desmantelamiento de la vivienda social
Por último, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, destinado a financiar programas como «Casa Propia» y «Reconstruir», permitió la construcción de 1500 viviendas desde 2017. Su eliminación deja a las familias más vulnerables sin acceso a financiamiento para soluciones habitacionales básicas.
La ausencia de planes alternativos que garanticen la continuidad de estas políticas sociales genera preocupación entre especialistas y comunidades afectadas, quienes temen un aumento de la desigualdad y el aislamiento en las regiones más desfavorecidas del país.