Una posible reforma previsional, que promete cambios radicales, forma parte de la agenda del Gobierno de Javier Milei para este año, aunque aún no se ha definido cuándo será presentada ante el Congreso. La propuesta incluye ajustes que van desde un aumento en la edad jubilatoria hasta la eliminación de los «regímenes especiales», y hasta la posibilidad de ofrecer incentivos a aquellos trabajadores que hayan cumplido con los 30 o 35 años de aportes requeridos por la ley.
Uno de los aspectos más controversiales de la reforma tiene que ver con la distinción que se planea realizar entre los jubilados que han cumplido con todos los requisitos de aportes y los que no. El Gobierno está considerando otorgar un «premio» a los trabajadores que hayan realizado los aportes completos, en forma de un bono adicional vinculado al crecimiento económico. Mariano de los Heros, titular de Anses, señaló la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes cumplen con los años requeridos.
El abogado previsionalista Facundo Fernández Pastor recordó que, en la gestión anterior, ya existía una distinción entre los jubilados que cumplían con todos los requisitos legales, recibiendo hasta el 82% del salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, la actual situación económica ha empeorado las condiciones de los jubilados, con niveles de pobreza y de indigencia que han aumentado significativamente en los últimos años, lo que genera preocupación en la sociedad.
Además, el Gobierno analiza la posibilidad de no prorrogar la moratoria previsional, que vence en 2025, lo que afectaría a muchos trabajadores que no cumplen con los requisitos mínimos para jubilarse. Para estas personas, se ofrecería la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto se acerca a la línea de pobreza, según el abogado Federico Bobrovsky. Esta situación también ha generado críticas, ya que se argumenta que muchos trabajadores no pudieron cumplir con los requisitos debido a las condiciones laborales en Argentina.
Uno de los puntos clave de la reforma es la eliminación de los «regímenes especiales», un conjunto de sistemas jubilatorios que actualmente benefician a sectores como magistrados, personal de servicio exterior y clérigos. Sin embargo, los expertos aseguran que la cifra de 200 regímenes especiales mencionada por el Gobierno es incorrecta, y que solo un pequeño número de personas se beneficia de estos sistemas. Además, se plantea que algunos de estos «regímenes especiales» están relacionados con sectores cuyo trabajo es considerado insalubre o de interés público, como los docentes y recolectores de residuos.
Finalmente, el Gobierno no descarta una reforma en la edad jubilatoria, que actualmente establece diferencias entre hombres y mujeres. La propuesta más audaz sería unificar la edad mínima para ambos géneros a los 65 años, lo que ha generado un debate sobre sus implicancias para los trabajadores y jubilados del país.
