Un nuevo decreto emitido por el Poder Ejecutivo amplía las facultades de las Fuerzas Armadas, permitiendo su intervención en espacios considerados de «valor estratégico» para el Estado en caso de posibles amenazas. La medida, que busca justificar su implementación en la lucha contra el «terrorismo internacional» y el crimen organizado, ha desatado un debate sobre sus implicancias legales y sociales.
El decreto 1107/2024, difundido en el Boletín Oficial, habilita a las fuerzas policiales o de seguridad federal a requerir apoyo militar en situaciones donde se perciban riesgos hacia infraestructuras consideradas esenciales para el país. Será responsabilidad del Ministerio de Defensa coordinar estas acciones, aunque la decisión final quedará a criterio de altos funcionarios como Patricia Bullrich o Luis Petri.
Diversas organizaciones y especialistas han señalado que la medida podría entrar en conflicto con la Ley de Seguridad Interior, que prohíbe la participación militar en asuntos internos salvo en circunstancias excepcionales. Según el CELS, la normativa no solo erosiona principios democráticos, sino que también deja la definición de términos clave, como «amenazas terroristas», en manos del Poder Ejecutivo, lo que podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias.
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