En una resolución de 1543 páginas, la Cámara de Casación, Sala IV, ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner sin agregar nuevas pruebas ni análisis en relación al juicio oral previo. La sentencia, que ha sido duramente criticada, evidencia una simple reproducción de los argumentos originales sin una revisión integral ni evaluación adicional, e incluso contiene errores, como la repetición literal de la misma página en dos ocasiones. Esta falta de profundidad y los errores de procedimiento han llevado a que las defensas de los acusados planeen apelar ante la Corte Suprema.
La primera acusación contra Fernández de Kirchner se fundamenta en que, supuestamente, benefició a Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Sin embargo, las licitaciones incluyeron a diversas empresas que participaron sin presentar objeciones. De hecho, representantes de compañías competidoras, como Carlos Wagner y Angelo Calcaterra, declararon que Báez ganó legítimamente las licitaciones, ya que contaba con los recursos en la provincia para ofrecer mejores precios. A pesar de estos testimonios, los magistrados sostuvieron las acusaciones de favoritismo.
El segundo argumento se centra en el Decreto 54 de 2009, que permitió la creación de un fideicomiso para financiar obras en todo el país. La Auditoría General de la Nación aprobó el uso de estos fondos, sin detectar irregularidades. No obstante, este decreto fue presentado como evidencia en contra de Fernández de Kirchner, aun cuando su uso se extendió a 500 proyectos en Argentina y no se dirigió exclusivamente a Báez. Rodolfo Barra, jurista con posiciones ideológicas distintas a las de la expresidenta, afirmó que la creación de dicho fideicomiso no constituye delito alguno.
Finalmente, la tercera acusación sostiene que se intentó «limpiar» cualquier evidencia de delito mediante la creación de una deuda a favor de Báez al final del mandato de Fernández de Kirchner. Esta acusación se basó en mensajes extraídos del teléfono del exsecretario de Obras Públicas, José López, aunque el tribunal no permitió peritajes sobre estos mensajes. Las defensas de los acusados afirman que no existió ni deuda ni pago, y niegan que hubiera reuniones entre Báez y la expresidenta.
Este fallo, marcado por un “copiar y pegar” que apenas si revisa los elementos del caso, será apelado en la Corte Suprema. La decisión ahora queda en manos de este tribunal, en un proceso que podría extenderse hasta el 28 de noviembre, o incluso más, debido a la complejidad del expediente.