A dos décadas de la tragedia que sacudió al país, la expropiación del boliche República Cromañón, donde 194 personas perdieron la vida el 30 de diciembre de 2004, está en riesgo de quedar sin efecto. Organizaciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas exigen al Congreso que prorrogue por dos años más la expropiación de los inmuebles, sancionada en 2022, con el fin de evitar que el proceso vuelva a iniciar desde cero y poder convertir el lugar en un espacio de memoria.
La ley 27.695, aprobada casi por unanimidad en octubre de 2022, declaró de utilidad pública y expropiables los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures, donde funcionaba Cromañón. Sin embargo, pese a la reglamentación de la norma en diciembre de 2023, a pocos días de que finalizara la gestión de Alberto Fernández, no se avanzó en los procedimientos necesarios para concretar la expropiación.
El tiempo corre en contra, ya que según el artículo 33 de la ley 21.499, si no se promueve el juicio de expropiación en los dos años siguientes a la sanción de la ley, esta caduca. Ante esta situación, tanto en el Senado como en Diputados se han presentado proyectos para prorrogar el plazo, y el próximo 22 de octubre se realizará una actividad frente al Congreso para visibilizar el reclamo.
Santiago Barea, miembro de la Organización 30 de Diciembre, expresó su preocupación y describió la situación como «angustiante». Según explicó, aunque la Secretaría de Derechos Humanos inició una causa judicial para que el Tribunal de Tasación evaluara el inmueble, el juez rechazó la solicitud. «Estamos en contacto con legisladores para que se apruebe una prórroga, ya que la empresa dueña del lugar, a nombre de Rafael Levy, no entrega la llave», señaló Barea.
Las organizaciones continúan luchando para que el sitio no solo sea expropiado, sino que se transforme en un espacio de memoria que honre a las víctimas y ayude a recordar una de las tragedias más dolorosas de la historia argentina.